El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha procedido a la desarticulación de dos tramas delictivas que actuaban en varias provincias de España. Llevaban a cabo transacciones de ganado vacuno incumpliendo la normativa que regula la materia, fundamentalmente a través de la alteración de los crotales (pieza de plástico con la que se identifica de forma individual a cada animal de las explotaciones ganaderas), para amparar animales que no tenían aseguradas sus condiciones de aptitud para el consumo humano.

Se ha procedido a la detención e investigación de 12 personas a los que se les imputan los supuestos delitos de  estafa, contrabando, falsedad documental y organización criminal,  y que habrían obtenido un beneficio superior a los 2 millones de euros alterando la trazabilidad o acogiéndose a subvenciones de forma fraudulenta.

La operación se inició al detectarse varios crotales en un vehículo de forma casual

La operación se inició en el 2016, cuando la patrulla ROCA de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón se percató de que una persona llevaba en el maletero de su vehículo, varios crotales.

Estos crotales vienen a ser el documento de identidad propio de cada res y le acompañará desde su nacimiento hasta el momento de su muerte. Cada crotal, con número y clave único, se anota en los registros correspondientes y su control permite conocer las circunstancias de cría y salud del animal a lo largo de su vida y garantizar la trazabilidad.

Aunque los crotales localizados en el vehículo tenían la apariencia de ser nuevos y estar dispuestos para su colocación en los terneros que fueran a nacer, los agentes se percataron de que tenían pequeñas muescas que hacían suponer que ya habían sido usados.

Continuando con las investigaciones, se constató la existencia de un grupo de personas que podrían estar retirando los crotales que eran asignados a un ternero cuando este había fallecido tempranamente. En lugar de notificar esta circunstancia, se guardaban el identificador hasta que, llegada la edad propia para el sacrificio, se le colocaba a otro ternero comprado en el exterior a precio mucho más bajo.

De esta manera obtenían grandes beneficios ya que se habían ahorrado el costo de mantenimiento y todos los tratamientos veterinarios que hubieran podido ser necesarios y sólo tenían que pagar el valor del animal sustitutorio. Además, estos animales podían proceder de explotaciones fuera del territorio nacional llevándose a cabo el movimiento de los mismos sin el cumplimiento de las debidas garantías sanitarias.

Otro origen posible del ganado se ubicaría en países donde  la renta económica es inferior a la española, de forma que el valor de los animales estaría muy por debajo de lo que corresponde a un ejemplar criado en España.

Asimismo, la organización también obtenía beneficios relativos a la percepción de subvenciones en función del número de cabezas de una explotación, condiciones de cría de la misma, especificidad de una raza concreta, etc., con los terneros que habían fallecido y habían simulado su cría en las explotaciones ganaderas.

Lógicamente este modo de actuar implica una ruptura de la trazabilidad, ya que el animal sacrificado no procede de la línea materna declarada. Esta actividad ilegal se comprobó con multitud de pruebas analíticas, quedando acreditados más de 200 casos.

Cabe resaltar, que todas las reses que iban a la cadena de consumo humano, han pasado los controles sanitarios obligatorios en los mataderos donde eran sacrificados.

Explotaciones virtuales y colaboración institucional

Las Administraciones Públicas están impulsando la implantación de las nuevas tecnologías con el fin de facilitar las gestiones a los ciudadanos y, en el caso de los ganaderos, para mejorar su competitividad, evitar desplazamientos, agilizar trámites, etc., pero estas nuevas aplicaciones también pueden ser empleadas para encubrir actividades ilegales, ocultando información y falseando declaraciones.

En este caso, para poder llevar a cabo esas alteraciones en el uso de los crotales, alguno de los investigados había creado explotaciones virtuales, de forma que acumulaban cientos de cabezas de ganado en espacios que, físicamente, no podían acoger sino un tanto por ciento inferior de la cantidad que declaraban. Sin embargo, en la base informática, iban acumulando animales y los trasladaban a su conveniencia para evitar ser controlados.

Para poder concluir en la imputación de los presuntos delitos, se ha tenido que investigar el movimiento virtual de más de 100.000 cabezas de ganado constatando que no siempre llegaba a producirse ese movimiento.

La investigación llevada a cabo por el SEPRONA ha contado con la colaboración entre los distintos órganos de las Administraciones responsables de velar por la salud y la trazabilidad del ganado.

Desde el momento en el que se tuvieron las primeras referencias, los contactos entre los departamentos competentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, las Consejerías de las Comunidades Autónomas y la Guardia Civil han sido continuos y coordinados.

Fruto de este trabajo en equipo entre las diferentes Administraciones se establecieron actuaciones conjuntas, tales como tomas de muestras aleatorias y dirigidas, intercambios de información documental y telemática y otras acciones que han permitido acreditar los supuestos delitos investigados, especialmente significativos en los casos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias y Cantabria.

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