La Guardia Civil imputa a siete personas por un presunto comercio ilegal de semillas

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    Según explica el capitán Ortega a Efe, de la siembra de 5.000 kilos de semilla certificada de cereal se saca una cosecha muchísimo mayor, pero al año siguiente el agricultor sólo puede volver a sembrar 5.000, porque no ha comprado la patente del resto del grano.

   “Ni se puede replantar ni se puede vender a terceros la simiente”, subraya Ortega, de lo contrario es una vulneración de la legislación.

   En este contexto, apunta a que el agricultor a veces es víctima pero en otras ocasiones no, ya que se le ofrecen las variedades más productivas al precio de las de generaciones anteriores. Asimismo, ha asegurado que los imputados, todos pequeños distribuidores, proceden de Navarra, Burgos, Segovia, León y Salamanca.

   Hay variedades de semillas que ya han perdido la patente y son de uso libre, pero las patentadas son resultado de una inversión “importante” de tiempo y dinero por parte de las empresas del sector.

   Durante esta segunda campaña, que se prolongó durante seis semanas, “el objetivo ha sido bloquear a los distribuidores que venden las llamadas R2 (semillas de segunda generación)”.

   Según cálculos de expertos del sector, el agricultor que defrauda se ahorra alrededor de dos euros por hectárea, que es lo que valdría pagar la patente.

   Con respecto a la primera que se ejecutó en 2012, el Seprona ha advertido que sí existe una mayor prevención por parte de los agricultores.

(Foto: Cézaro De Luca / Efe)

Cézaro De Luca