La industria de biocarburantes acusa a Zapatero de ceder ante Argentina

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EFE.- En un encuentro de los medios, el presidente de APPA Biocarburantes, Alfonso Ausín, dijo que la industria está "condenada a desaparecer" si no se aprueba de "forma inmediata" una normativa- en trámite desde hace año y medio- que obliga a las petroleras a adquirir una determinada cantidad de biodiésel comunitario.

Ausín calificó de "lamentable" y "vergonzoso" que el Gobierno vaya a dejar morir una industria que ha invertido 1.400 millones de euros, ha creado más de 6.000 puestos directos e indirectos y actualmente da empleo a unas 1.000 personas.

Según explicó hoy la patronal, ayer recibieron una llamada del Ministerio de Industria para comunicarles que la aprobación de la orden se paralizaba por orden directa del presidente del Gobierno.

Esta norma contempla mecanismos para frenar las importaciones de este combustible desde Argentina donde, según explicaron, gravan más la exportación de la materia prima que la del producto elaborado, lo que da lugar a una "ventaja competitiva desleal".

La industria española de biodiésel tiene una capacidad de 4,3 millones de toneladas, superior al consumo de España, y las importaciones de Argentina ya copan el 50 % del mercado nacional.

Para la patronal, la decisión de Zapatero se debe a presiones del Gobierno argentino que habría amenazado al español con adoptar represalias económicas contra empresas presentes en Argentina, como es el caso de Repsol, Endesa o Telefónica, si la normativa para frenar las importaciones de biodiésel se aprobaba antes de las elecciones presidenciales de octubre.

Ausín, que no descartó emprender acciones legales contra este retraso, insistió en que el sector está al borde del cierre definitivo, el 85 % de la capacidad instalada ya está parada, y que ya no le quedan "recursos de supervivencia".

La patronal aventuró que si la orden, pendiente de la firma definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no se aprueba el sector desaparecerá en las próximas semanas.

La aprobación de la orden, añadieron, permitirá lo salvar los 1.000 puestos de trabajo directos actualmente existentes, recuperar de forma rápida los niveles anteriores de empleo y activar un mercado en España de más de 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años.