El Gobierno autonómico y las cinco Diputaciones Provinciales de la región invertirán un total de 45 millones de euros para mejorar 2.500 kilómetros de caminos rurales de titularidad pública de Castilla-La Mancha en los próximos tres años.

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, se ha reunido este lunes 30 en Toledo con los cinco presidentes de las Diputaciones Provincial para perfilar este acuerdo, que contempla la financiación a partes iguales de esta inversión, de forma que el Gobierno regional aportará 22,5 millones de euros y otros tantos el conjunto de las cinco Diputaciones Provinciales a lo largo de tres anualidades.

En verano ya podrán empezar las obras y la previsión es que en dos años estén ejecutadas y pagadas

Así, la inversión total de cada Diputación será de 4,5 millones de euros, mientras que los 22,5 millones que aportará la Junta proceden del Plan de Desarrollo Regional (PDR), ha precisado el consejero, quien ha destacado la buena disposición de las Diputaciones a invertir para que “los caminos rurales tengan un futuro y sean caminos vivos”.

A juicio de Martínez Arroyo, con esta inversión “estamos haciendo desarrollo rural desde un punto de vista territorial”, dado que el buen estado de los caminos no beneficia sólo a agricultores y ganaderos, sino también a los vecinos que eligen esta vía para sus desplazamientos.

Además, el consejero ha recalcado que, repartiendo la inversión en tres anualidades, se garantizan dos cosas: “invertir los recursos públicos de la manera más eficaz evitando que se pierdan fondos del PDR” y, al mismo tiempo dar respuesta a las necesidades del medio rural, ya que hay muchos caminos que están necesitando estas obras hace mucho tiempo”.

Sobre el trámite administrativo, el consejero ha indicado que el próximo mes de marzo estarán publicadas las bases de la convocatoria, a lo que seguirá la firma de convenios con cada Diputación, de forma que en verano ya podrán empezar las obras y la previsión es que “en dos años estén ejecutados y pagados todos los compromisos”.

Martínez Arroyo ha explicado que se creará también una comisión de seguimiento que analizará los proyectos presentados por los ayuntamientos en cada provincia y que las prioridades a la hora de la selección tendrán que ver con la ubicación, las cuestiones socio-económicas como la población o el nivel de desempleo, la pertenencia a un espacio protegido o las dificultades de acceso.

Preguntado si hay alguna provincia de la región en la que la necesidad de mejorar los caminos rurales sea más acuciante, Martínez Arroyo ha indicado que los municipios más pequeños son siempre los que tienen mayores dificultades, por lo que tendrán preferencia.

Por otro lado, durante la reunión con los cinco titulares de las corporaciones provinciales, el máximo responsable regional de Agricultura les ha trasladado que el Ejecutivo regional está inmerso en el desarrollo de una Ley de Garantías para el Medio Rural, en la que se van a regular derechos en cuestiones como la educación, la sanidad y el acceso a la banda ancha, por lo que se han emplazado para un futuro encuentro.

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