El impacto en el sector agrario de la nueva la Ley de Cambio Climático y Transición Energética puede ir mucho más allá de las prohibición de los vehículos diésel y de gasolina, que puede tener un impacto directo en todo el parque de vehículos agrarios a corto plazo, sino que también establece prohibir «nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles», lo que afectaría directamente al gasóleo agrícola.

El nuevo borrador de la Ley que ha presentado este martes 13 a todos los grupos políticos del Congreso el Ministerio de Transición Ecológica va mucho más allá de ley la prohibición de la venta y matriculación de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, es decir, todos los diésel, los de gasolina y los híbridos.

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En concreto, se recoge que los subsidios a los combustibles, como los que recibe la industria pesquera pero también el sector agrario, también tienen los días contados. La aprobación de esta norma supondría la «prohibición del establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles». La Ley incluye también la realización de un informe para identificar estas ayudas que favorecen su consumo y de un calendario para poner fin a estas medidas.

Curiosamente, y como viene pasando desde que entró en la Moncloa el nuevo Gobierno de pedro Sánchez, las propuestas del Ministerio de Transición Ecológica chocan frontalmente con las del de Agricultura, Pesca y Alimentación. De hecho, hace una semana el propio ministro, Luis Planas, se comprometía con COAG a que la subida impositiva al diésel no afecte al gasóleo profesional agrícola. Además, el titular de Agricultura garantizaba que se mantendrá la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos (IEH), especialmente reducido para gasóleo agrícola, y la actual devolución del IEH para agricultores y ganaderos: 63,71 euros por cada 1.000 litros de gasóleo consumidos.

Y solo unos días después se presenta un borrador que afectará inicialmente al sector agrario sin que dé la sensación de que las medidas incluidas en el mismo hayan sido consensuadas previamente entre ambos ministerios.

De igual forma, cabe destacar que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, el Gobierno no concederá ni una nueva autorización para la exploración petrolífera en toda España, «incluyendo en el mar territorial», como las que se planteaban en las islas Baleares y en Canarias. Y el ‘fracking’ no será una excepción. «Tampoco se podrán desarrollar actividades de fracking para la explotación de hidrocarburos», dice el texto.

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