EFE.- La reforma, ha sido muy contestada por los partidos de izquierda y ecologistas porque consideran que desprotege y privatiza el litoral.
A todos ellos no les ha gustado que se amplíe a 75 años más las concesiones otorgadas a miles de viviendas asentadas sobre dominio publico marítimo terrestre, ni que los chiringuitos obtengan concesiones de cuatro años, en vez de anuales.
También se ha criticado la reducción de 100 a 20 metros de la franja de protección del litoral y la amnistía a 12 núcleos urbanos de Alicante, Girona, Huelva, Málaga, Valencia, Castellón y Pontevedra.
Tanto el Gobierno como el partido Popular han insistido en que la ley no permitirá nuevas construcciones en la franja del litoral protegido y en que el objetivo principal de la reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que generó la anterior ley.