Asimismo, se ha rechazado el único veto, propuesto por la senadora Esther Capella (Esquerra Republicana), quien argumentó que el proyecto no garantiza lo suficiente los derechos de los consumidores.
El proyecto de Ley para la mejora de la cadena alimentaria plantea, entre otras actuaciones, la autorregulación mediante un código de conducta, la obligatoriedad de contratos (para transacciones por encima de los 2.500 euros).
En sus últimas versiones, el texto ha incorporado la figura de un "mediador" en caso de desacuerdo entre los productores y compradores acerca de los precios.
El Gobierno también propuso un régimen sancionador por incumplimiento, que fija multas, a partir de los 3.000 euros (para infracciones leves) y que en los casos más graves pueden llegar a un millón de euros.
La venta a pérdidas se queda fuera de la ley
Entre las 173 enmiendas debatidas, PSOE, Entesa pel Progres de Catalunya, el Grupo Mixto, Ciu y PNV han hecho alusiones a la prohibición de la venta a pérdidas, pero el PP las ha descartado alegando que ese problema ya está debidamente regulado con la legislación actual.
En nombre del PP, el senador Enrique López Veiga ha manifestado que la ley es "pionera" en Europa e incluye los instrumentos adecuados para corregir los desequilibrios en la negociación entre productores, industria y distribución.
Ha señalado que en la nueva regulación el Gobierno "se ha centrado" en combatir las prácticas comerciales "abusivas" y "condenables", como la imposición de precios, con propuestas acordes con las normas comunitarias o con la legislación sobre competencia y sin sobrecarga burocrática.
Por el contrario, la senadora del PSOE Fuensanta Coves ha manifestado que se trata de una "ley de mínimos, que nace coja" e incluso ha mencionado el caso Bárcenas" para acusar al Gobierno de favorecer a la distribución.
"Sabemos que una parte del dinero facturado por empresas de distribución, según los papeles de (Luis) Bárcenas ha ido a parar al PP", ha subrayado Coves.
Para la oposición sale "más barato" delinquir
Los senadores de la oposición también han coincidido en que en muchos casos las multas no serán disuasorias.
En este punto, han señalado, una cadena de supermercados ve más rentable "delinquir" y pagar 3.000 euros que cumplir la ley, según palabras del portavoz de PNV, José María Cazalis, quien ha pedido que cuando se haga realidad la regulación "el pez grande no se coma al chico", en referencia a la debilidad de los productores.
Por parte de CiU, el senador Manel Plana ha criticado la "unidad de mercado" que promueve la Ley.
El senador del Grupo Mixto José Manuel Mariscal (Izquierda Unida) ha apuntado que la Ley debería combatir con más "audacia" la desigualdad en los beneficios, "que disfruta la distribución en un 60 %", así como frenar la utilización de alimentos como el pollo como productos "reclamo", en perjuicio del productor