La Ley de Responsabilidad Ambiental pasa su primer examen con el voto del PP

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EFE.- En su defensa ante el pleno, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha calificado la reforma de “exigente, eficaz y realista” y ha asegurado que se fortalecen los principios de quien contamina paga.

CIU y PNV han optado por abstenerse para dar un “voto de confianza” al Gobierno e intentar acordar modificaciones durante la tramitación parlamentaria que inicia ahora la norma.

La reforma ampliará el daño ambiental a las aguas marinas, para adecuar la norma española a la directiva europea sobre la seguridad de las operaciones con petróleo y gas mar adentro.

Según el Ministerio, supondrá, además, un ahorro de más de 1.410 millones de euros para pequeñas y medianas empresas, que se verán exentas de contratar un seguro “verde” -garantía financiera- para hacer frente a los costes de los posibles daños ambientales que pudieran causar.

Este seguro ambiental fue introducido por primera vez en nuestro país en la legislación elaborada durante 2007 por el gobierno socialista, cuando se obligaba a contratarlo a todo tipo de operadores económicos.

El proyecto de ley que se tramita ahora, según el Ejecutivo, pretende “simplificar” esta medida.

Y es que, según el ministro, carece de sentido exigir este seguro previo a actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería, un estudio de música o actividades de jardinería, exención que no les librará de pagar si producen algún daño.

Pero para la toda la oposición de izquierda y para UPyD, la futura ley sólo desprotege el medio ambiente porque la garantía financiera sí es necesaria y con la reforma se exime al 90 % de las empresas.

Además han calificado de “broma macabra” que la reforma deje que sean las empresas las que fijen voluntariamente la citada garantía.

Ante estas críticas, el ministro ha respondido que durante los años de vigencia de la ley del 2007 no se ha constituido ni una sola garantía financiera porque la norma es inaplicable.

Durante el debate, el diputado socialista Jose Luis Ábalos, ha considerado que el PP está mirando más a África que a Europa en sus modelos económicos y medioambientales.

También Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en señalar que se trata de la “enésima expresión del menosprecio medioambiental” del Gobierno, mientras que Toni Cantó (UPyD), ha juzgado que el Gobierno vuelve a ahondar en el error de defender un modelo con políticas cortoplacistas que no ganan en competitividad y sí van contar el medio ambiente o la salud.

El proyecto de ley, que cuenta con un único artículo con doce apartados y tres disposiciones finales, sí mantiene la exigencia de garantías financieras para las actividades de mayor riesgo ambiental.

Concretamente quedarán exentos aquellos operadores cuyas actividades sean susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad menor a 300.000 euros.

Las empresas sometidas a la autorización ambiental integrada sí estarán obligadas a tener la citada garantía.

Este mecanismo obliga a los operadores económicos recogidos en la ley a realizar un análisis de riesgos y a contratar, en base a los datos obtenidos, este seguro “verde”, que tiene un importe máximo de 20 millones de euros.

En caso de que el daño ambiental causado sea superior a esta cantidad, la compañía seguirá siendo responsable y tendrá que afrontar igualmente los costes.