Sin embargo, desde las administraciones se reconoce que las exigencias a la hora de transferir tierras se quiere ser muy riguroso con esta normativa. Hasta la fecha no era necesario demostrar que el 20 por ciento de los ingresos proceden de otros ámbitos a las ayudas públicas, sin embargo ahora "vamos a ser muy exigentes con la actividad agraria. No vale ya no hacer nada. Por lo tanto,hay que introducir más veracidad en las declaraciones“, según ha indicado recientemente Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de Castilla y León.

      Desde algunas organizaciones agrarias se reconoce que esta medida va a frenar, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos, que muchos propietarios que tenían tierras sin cultivar ni conservar se puedan beneficiar de unas ventas o alquiler de derechos, pero también asumen que, paralelamente, la medida puede frenar drásticamente las nuevas incorporaciones a la agricultura y la ganadería.

     

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