La patronal forestal andaluza pide mayor claridad sobre la gestión financiera del Infoca

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      Asimismo, la patronal forestal quiere denunciar "la falta de información" sobre los trabajos realizados en materia preventiva por el dispositivo Infoca en época de bajo riesgo, los montes públicos intervenidos, el número de hectáreas tratadas, la mano de obra empleada y la inversión destinada a estas tareas. "Esta opacidad en los datos no hace más que enmascarar la ineficacia de la gestión del dispositivo en materia de prevención, ya que está comprobado que estos trabajos pueden ser realizados por el sector privado con unos mejores niveles de rendimiento, eficiencia, eficacia y coste" critica la asociación en una nota.

     De igual forma, la patronal forestal quiere recordar que la ampliación paulatina de este dispositivo a los doce meses actuales "ha perjudicado notablemente al sector empresarial que tradicionalmente venía desarrollando las labores preventivas en los montes andaluces, creando una estructura de personal adscrito al dispositivo Infoca insostenible para las arcas públicas en estos momentos de crisis. Prueba de ello, son los constantes conflictos laborales que padece la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) al no poder abordar las exigencias de este colectivo".

Competencia del AMAYA a la empresa privada

    Esta situación de insostenibilidad financiera del dispositivo está provocando que la AMAYA busque alternativas de financiación "con la realización de actividades que rozan la competencia desleal a las empresas del sector privado". Así, y aún tratándose de una agencia pública, a esta patronal forestal le consta que la AMAYA "disputa trabajos a la empresa privada en licitaciones dentro del territorio nacional, además de utilizar a trabajadores del dispositivo Infoca para el negocio de la madera en provincias como Almería, haciendo que los precios de la misma caigan por debajo de los niveles habituales de mercad"o.

    Por todo esto, la patronal forestal propone la creación de una mesa de trabajo en la que, con la participación de la Administración pública, los agentes sociales y la Universidad, "se plantee un nuevo modelo de gestión del dispositivo de prevención y extinción de incendios, de tal manera que, frente al inmovilismo actual de un sistema exclusivamente público y de alto coste, se prevea la posibilidad del acceso del sector empresarial privado a la gestión de las tareas preventivas, optimizándose así los costes, los rendimientos y el número de montes tratados en cada periodo de actividad; y garantizando, en todo momento, la conservación de los actuales puestos de trabajo e, incluso, la creación de nuevos empleos, tanto directos como indirectos".

(Foto: Archivo)