La política agrícola británica tras el Brexit, descentralizada a favor de las administraciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se perfila sin un sistema de pagos directos como el comunitario de la PAC y con un nuevo sistema de gestión ambiental de la tierra como piedra angular.

Así lo ha apuntado el experto sobre política agraria Allan Matthews en un informe recogido por la web Cap Reform y en el que se alude al contenido del documento de consulta del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra, en sus siglas en inglés) para su agricultura post 2020.

Matthews, profesor emérito de Política Agrícola Europea del Departamento de Economía del Trinity College de Dublín (Irlanda), lo compara con lo que postulaba el Comunicado de la Comisión Europea (CE) de noviembre de 2017 sobre la Política Agrícola Común (PAC) post 2020.

El Defra, en las 64 páginas del informe “Salud y armonía: el futuro de la alimentación, la agricultura y el medio ambiente en un Brexit verde” (Health and Harmony: the future for food, farming and the environment in a Green Brexit) establece, según Matthews, tres objetivos muy similares a los de la futura agricultura comunitaria.

En el modelo de ayudas británico “el nivel de ingresos agrícolas no es un objetivo específico” sino en un cumplimiento basado en el rendimiento

Para Matthews, los dos documentos de la UE y el Defra no difieren tanto en los objetivos para su política agrícola y alimentaria, pero sí hay “importantes diferencias” en el camino para conseguirlos.

A su juicio, ambos tienen un “fuerte enfoque de simplificación”, que para el caso de la PAC la transformará de un “modelo basado en el cumplimiento a uno basado en el rendimiento” y en el de Reino Unido se conseguirá a través de “una regulación y aplicación más inteligente”.

La diferencia más importante es que, en el británico “el nivel de ingresos agrícolas no es un objetivo específico”, ha señalado; “la omisión de un compromiso específico para respaldar los ingresos agrícolas se encuentra detrás de la mayor diferencia entre los dos documentos, que es su actitud hacia los pagos directos”.

Para el Reino Unido, los pagos directos “no tienen objetivos específicos, pueden socavar la capacidad de los agricultores para mejorar su rentabilidad, han distorsionado los precios y rentas de la tierra y pueden frenar la innovación e impedir el aumento de la productividad”.

El texto propone alejarse de los pagos directos de forma gradual, comenzando por los que reciben los más altos, “para liberar dinero y ayudar a la industria a prepararse para el futuro y para pilotar nuevos esquemas de gestión ambiental de la tierra”.

La “piedra angular” de la agricultura y ganadería británicas será “un nuevo sistema de gestión ambiental de la tierra”, que quiere cumplir con el compromiso del gobierno de que ésta sea “la primera generación en dejar el medioambiente en un mejor estado que el que lo heredó”, añade.

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