La política hidráulica desarrollada en España ha tenido su piedra angular en la construcción de embalses para el abastecimiento de agua potable, la generación de energía hidroeléctrica y la expansión del regadío. Esta política, que en sus primeros momentos garantizó el suministro de agua y acabó con las hambrunas a través de una mayor producción agrícola, terminó instaurando una visión sesgada del agua como mero motor de desarrollo económico y una política hidráulica basada exclusivamente en la oferta de agua a través de grandes infraestructuras.
Esta política (la noción del agua como un recurso ilimitado) se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales de nuestro país, al que le han ido acompañando multitud de impactos sociales: se han inundado más de quinientos pueblos y algunos de los ecosistemas fluviales más valiosos del Estado. No puede olvidarse que la mayoría de los grandes embalses están destinados al regadío y así, mientras su beneficio lo ostenta un pequeño sector de la sociedad (los regantes), los costes sociales, ambientales y económicos lo sufre la ciudadanía, ya que la financiación de estas infraestructuras ha corrido siempre a cargo del Estado.
Centrar los esfuerzos e inversiones en el aumento de la oferta nos ha llevado a alejarnos de cualquier atisbo de sostenibilidad en la gestión del agua, la cual, sin duda, tiene que pasar por la planificación de la disponibilidad del recurso, su ahorro y su eficiencia. A la hora de hablar de la situación de la gestión del agua en el Estado español podemos decir que existe una enorme crisis estructural de crecimiento descontrolado de la demanda con una cada vez mayor dificultad de incrementar la oferta.
La otra consecuencia de esta política es una bajísima tasa de eficiencia en el sistema de utilización del agua: más del 40 por ciento de la almacenada se pierde en las redes de distribución. Según el Plan Nacional de Regadíos, son 878.374 las hectáreas de regadío que siguen recibiendo riegos muy superiores a sus necesidades mientras las inversiones en los Presupuestos Generales en eficiencia y ahorro siguen siendo ínfimas si se comparan con las de embalses, encauzamientos, trasvases y desaladoras.
Las predicciones del Ministerio de Medio Ambiente sobre los efectos del Cambio Climático en las cuencas hidrográficas Españolas no son nada alentadoras, ofreciendo un panorama de mayores periodos de sequía y una reducción de la capacidad de regulación que en algunas cuencas supondrían hasta un 25 por ciento menos de agua.
Planificación, eficiencia y ahorro.
Ante el déficit existen varias posibles soluciones: disminución de los consumos, mejorar la eficacia en el uso, aumentar la explotación de los recursos subterráneos, reasignación de recursos, aumentar los recursos regulados (embalses), importar recursos (trasvases) y generar recursos anteriormente no disponibles (desalación).
Es manifiesto que las políticas del agua en España se han centrado y se centran en el aumento frente a la eficiencia, habiéndose fundado todos los planes hidrológicos en embalses, trasvases y actualmente desaladoras. Estas últimas, si bien minimizan los impactos ambientales y pueden repercutir mejor los costes del agua, con la moderación del consumo que esto último pueda suponer, siguen basándose en la noción de “más agua” y, lo que es peor, en una peligrosa connivencia con el fenómeno especulativo-urbanístico del litoral mediterráneo, que sin duda ocasionará mayores impactos sobre el territorio, pérdida de atractivo turístico, desestructuración social e ingobernabilidad de gran parte de nuestros municipios. Marbella no es, ni ha sido un caso aislado y este modelo urbanístico supone un nuevo factor a tener en cuenta a la hora de hablar de la gestión del agua en cuanto terminará por imponerse como el mayor consumidor de agua de la próxima década. De hecho, en la Comunidad Murciana los consumos agrícolas y urbanos se encuentran ya casi equiparados.
La constatación de que el agua lejos de ser ilimitada, será un recurso escaso, unido a las nuevas exigencias de la Política Agraria Comunitaria impone la necesidad de un nuevo marco en la gestión del agua que conlleve una radical transformación de la política hidráulica tradicional, basada en la función social y el impacto ambiental de los distintos tipos de cultivos y lo que es más esencial, donde la gestión pase por delante del incremento de la oferta, acabando así con el actual estado de despilfarro de recursos. Indudablemente una evaluación, análisis y control de los futuros consumos que ocasionará el actual desarrollo urbanístico-especulativo debe imponerse ya dentro de esta nueva política hidráulica.
Junto a la mayor gestión basada en la planificación, eficiencia y ahorro se debe instaurar un sistema de precios generoso con los ciudadanos y restrictivo con los grandes beneficiarios del agua. Generoso en el sentido de garantizar una cantidad mínima y de muy buena calidad como derecho esencial de toda persona. Con un consumo en torno a 100 litros por persona/día garantizaríamos la confortabilidad de nuestras viviendas; el consumo actual entre los ciudadanos oscila, según ciudades, entre 120-200 litros persona/día. Pero por ejemplo, una casa con jardín-familiar puede consumir los 1000 litros y un campo de golf unido a viviendas residenciales, 300.000 metros cúbicos/año, lo que supondría 830.000 litros/día, es decir, el consumo de un municipio de 6.000 a 8.000 habitantes.
Restrictivo con los grandes beneficiarios del agua quiere decir que junto a un sistema tarifario que prime el ahorro y castigue el derroche, los que obtienen lucro económico de los usos del agua deberían contribuir más en la financiación de los costes del agua, pues no es igual un pequeño agricultor que el propietario de una explotación intensiva de invernaderos. A pesar de que la agricultura consume el 80 por ciento del consumo total del agua, al pagar por superficie regada y no por agua consumida, paga una ínfima parte del precio del agua, mientras los ciudadanos con un consumo en torno al 15 por ciento del consumo total pagan bastante más el coste real.
Cosa distinta al establecimiento de escalas tarifarias que ayuden a racionalizar los consumos es la privatización de la gestión municipal de los abastecimientos urbanos, que coloca en manos de empresas y dentro de la dinámica coste-beneficio un bien “fundamental”, y que se traduce en incrementos desmesurados de los precios del agua en los municipios en los que se ha privatizado su gestión, a través sobre todo del incremento en el cobro de los cánones fijos y no del consumo, afectando más a las familias con menos capacidad adquisitiva. La privatización también está suponiendo la pérdida en la calidad del agua de boca suministrada y peor funcionamiento de las depuradoras de las aguas residuales.
Calidad de las aguas y de los ecosistemas.
La pérdida de calidad de las aguas es otro de los grandes problemas que debe abordar una nueva gestión del agua en nuestro país. Los potenciales riesgos ya han hecho saltar alguna señal de alarma, como la contaminación de embalses para abastecimiento urbano por productos químicos agrícolas, caso del embalse de Iznajar en Córdoba, que el verano pasado hizo cortar el suministro de agua a 200.000 ciudadanos. La contaminación difusa de la agricultura debida a la falta de control en la utilización de estos productos, los riesgos que conllevan para la salud por su alta toxicidad y las dificultades de corrección una vez producidos los episodios de contaminación, al no poderse localizar los puntos de vertido, son unos de los grandes retos de la gestión del agua. Los vertidos de purines de la ganadería y el incumplimiento de la legislación de vertidos por parte de muchas industrias tampoco parecen en la actualidad preocupar demasiado a nuestras administraciones.
El incumplimiento por parte del Estado español de los plazos de la Directiva de Depuración de aguas residuales urbanas es otro ejemplo de la despreocupación existente. En 2001 todos los municipios de 15.000 habitantes tenían que depurar sus aguas. No llega al 50 por ciento los que cuentan con depuradoras y muchas de las existentes tienen una depuración insuficiente por la falta de medios dedicados a su mantenimiento. Algeciras y La Coruña, con más de 100.000 habitantes, son de las pocas ciudades europeas con estas poblaciones que aún no cuentan con depuradora. Destaca a su vez la condena del Tribunal Europeo de Justicia al Estado español por el incumplimiento de la Directiva de Aguas de Baño, donde se destaca la mala calidad de las aguas de baño interiores de España.
Respecto a los ecosistemas fluviales, la directiva marco de aguas recalca que sólo a través de una buena conservación de éstos podremos lograr una buena conservación en cantidad y calidad suficientes del agua. Pues bien, cada día son más los impactos antrópicos a los que sometemos a estos ecosistemas. La ocupación del dominio público hidráulico por edificaciones ha conllevado un empeoramiento de los riesgos de desbordamientos y riadas, y a su vez está acabando con gran parte de los sotos o bosques de ribera. Encauzamientos, deforestaciones agrícolas y pastoreo son otros de los impactos sufridos por los ecosistemas ribereños. Pero sin duda, las grandes infraestructuras están la cabeza de los impactos sobre la biodiversidad fluvial.
Sequías y aguas subterráneas.
La mayor parte del territorio peninsular, debido al clima mediterráneo, está sometido a periodos cíclicos de sequías. Podemos hablar de dos tipos de sequías: la climática y la producida cuando se consumen más recursos de los que se poseen. En el España se da una conjunción de ambas debido al consumo desorbitado de la agricultura y la escasa planificación. Recientemente y bajo el miedo al último periodo de sequía, se ha constituido un comité de sequías en el seno del Ministerio de Medio Ambiente, que esperemos sirva para mejorar la planificación de nuestros recursos y no poner en riesgo el agua para los abastecimientos urbanos y los caudales ecológicos. Con los consumos y recursos existentes, difícilmente superaríamos una sequía climática de más de tres años sin enormes perjuicios sociales y ambientales.
Ante una situación de sequía, las aguas subterráneas podrían ser nuestros grandes reservorios de agua, de no ser por que han sido las grandes olvidadas. La buena calidad y facilidad de acceso a las mismas, así como su recarga convertían a los acuíferos, manantiales y fuentes, y embalses naturales en parte importantísima de nuestra cultura del agua. La sobreexplotación permitida por la inaplicación de la Ley y las sucesivas amnistías de los pozos ilegales, así como la contaminación por vertidos agrarios y ganaderos, y la progresiva salinización de muchos acuíferos dificulta el uso de muchos de ellos y pone en grave riesgo humedales de gran importancia.
Participación ciudadana en la gestión
La exigencia de la participación e información ciudadana en la gestión del agua es otra de las grandes innovaciones de la directiva Marco de Aguas. Y es que sólo con una información y concienciación social adecuadas será capaz de avanzar la sociedad hacia esa aclamada nueva cultura del agua. La opinión pública española sigue pensando que los problemas del agua se solucionan con más embalses, en gran parte por una sistemática política de desinformación auspiciada por la propia administración del agua. Mientras pensemos esto, bien poco podremos avanzar en otras líneas.
De otro lado, los únicos agentes sociales representados en los órganos consultivos de gestión son precisamente regantes, empresas hidroeléctricas y empresas de abastecimiento, es decir, los interesados del agua. Mientras, organizaciones de defensa del medio ambiente o de los intereses de los consumidores tienen grandes dificultades para acceder a meros datos relacionados con los fines que persiguen, encontrando en las Confederaciones Hidrográficas y empresas de abastecimiento muros infranqueables, como si defendieran un interés distinto al bien público y de los ciudadanos.