La privatización del agua en España

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EFE.- El agua es un bien imprescindible para la vida y debe ser garantizada por el Estado nunca objeto de beneficios privados.

Ante la asfixia financiera, consecuencia de la crisis económica que sufren tanto comunidades como ayuntamientos, ven en la venta de las concesiones de agua, un medio para superar la crisis, por lo cual obtienen fondos económicos que les permiten sobrevivir.

¿Es la privatización de los servicios públicos del agua una solución?

La respuesta es NO. Luis Babiano, gerente de la Asociación de Operadores de Abastecimientos y Saneamientos, dice: “Se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, y la solución es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.

¿Cómo funciona una concesión?

Son concesiones que tiene una duración entre 30 a 50 años a una empresa privada. Normalmente en el contrato, las empresas se garantizan unas ganancias mínimas superiores al 10%. No se fija la cantidad, que en ese período temporal debe invertir la empresa privada en el mantenimiento y mejora del servicio. Con lo cual, al no existir esta inversión, la calidad del agua se deteriora progresivamente, puesto que el objetivo de la empresa siempre es maximizar beneficios.

Habitualmente lo primero que hacen las empresas privadas es encarecer el servicio entre un 30-50%. Las compañías se hacen con un mercado en el que no existe competencia, con lo cual nos encontramos con un monopolio de hecho. El negocio es redondo, pues el cobro del servicio es de un 97% y tienen de está forma garantizados unos ingresos regulares, independientemente de los vaivenes económicos, por lo que les da una gran estabilidad financiera a la empresa concesionaria.

El sistema de privatización de los sistemas públicos de agua se reparte entre dos grandes empresas, por un lado la constructora FCC (Fomento de Obras y Contratas) bajo el nombre de Aqualia que tiene actualmente unos nueve millones de contratos de agua ya en España. Por el otro, Agbar (Aguas de Barcelona) empresa dominada por la multinacional francesa Suez (una de las multinacionales más poderosas del mundo en servicios de agua) con un 75% de su propiedad, atendiendo ya a trece millones de clientes.

Recientemente ha entrado también en este negocio del agua, la empresa constructora Acciona, aprovechando que la Generalitat de Cataluña está en emergencia financiera, para hacerse con la concesión del servicio de Aigues del Ter – Llobregat por mil millones de euros.

Pedro Arrojo, miembro destacado de la Nueva Cultura del Agua dice “que privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar de intereses”.

El Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada ha estudiado las actuales concesiones y ha llegado a la conclusión de que la privatización no ha supuesto la esperada eficiencia y se pregunta ¿Hay otras razones que impulsen estos procesos privatizadores?

Desde mi punto de vista existen dos motivos. El primero es ideológico y es la plasmación de las doctrinas neoliberales en el agua. El segundo es que vamos camino de una burbuja, al igual que en el sector inmobiliario, pero en este caso en el tema del agua y como en la anterior todo huele a corrupción. Debemos recordar lo que pasó en la década de los noventa con en el proceso de privatización del sistema público de agua en Zaragoza y el proceso correspondiente de corrupción política ¿Les suena?

Como dice Babiano “el sistema de gestión público-privado es costoso para el ciudadano, que ve incrementada su tarifa. Es oscura porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida de control por parte de la administración. Con todo esto, dentro de veinte años tendremos los ratios de aumento tarifaría más caras de Europa. Habrá degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”.

Esta ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, es la que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público, pero pagado por todos, ¿Les suena está música todos los días? Recordarles la privatización de los ferrocarriles ingleses por la Thatcher, a precio de saldo y que diez años después tuvo que ser nacionalizado a precio de oro, por la muerte de decenas de británicos por la falta de inversión en la red ferroviaria de la empresa privada concesionaria ¿Lo recordamos? Aprendamos.

¿Tres casos emblemáticos en el agua en nuestro país?

El primero, el Canal de Isabel II que abastece en Madrid, con una gestión pública excelente, que intentó ser privatizada por Esperanza Aguirre. Su valor ronda los 3.000 millones de euros y tuvo una rentabilidad, en el año 2010, de 114 millones de euros. Si funciona bien ¿Por qué lo privatizan?

La segunda, la reciente venta del consorcio de Aguas del Ter-LLobregat a la constructora Acciona por mil millones de euros y que ha sido llevada dicha concesión a los tribunales por parte de la competencia de Agbar.

Las tercera, la privatización de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con tres millones de usuarios y que pretende fusionar previamente con Acuamed (empresa pública que construyó las desaladoras y que está en bancarrota por el boicot político ejercido por el PP). La Mancomunidad pública del Taibilla está muy bien gestionada. El problema que significa esta privatización, es que una empresa privada va a gestionar el agua del trasvase Tajo-Segura, la cantidad que demandará anualmente y como una empresa privada se va a beneficiar del bien público que es el agua del río Tajo.

Nuevamente Babiano dice “El Taibilla ha demostrado eficiencia, eficacia y ha dado desarrollo a una zona donde el agua es clave (Murcia, Albacete y Alicante). El agua en el sureste es estratégica porque es una zona con sequías recurrentes y con una agricultura muy fuerte”.

El ministro Arias Cañete tiene en el agua una de sus graves problemas. No ha presentado los planes de cuenca que son de obligado cumplimiento. Tiene que acabar más de un millar de depuradoras según el acuerdo con la Unión Europea, la misma que denuncia a España por el escaso uso de las desaladores, que fueron pagadas por la Unión Europea en un 80%. Para terminar, tiene el problema de las privatizaciones municipales de agua que huelen a corrupción política y comisiones.

Acabemos ya con el expolio de las privatizaciones de lo público para el beneficio de unos pocos y que como vemos día a día son uno de los principales focos de corrupción y de ineficiencia.