La resolución, y el posible pago, de la multa a la industria láctea tardará unos cuatro años

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      Según recoge Diana de Miguel en www.elcomercio.es, la exigencia de ese aval a las empresas exigirá una dotación los fondos propios, que quedarán con signo negativo, por lo que el perjuicio sería para los accionistas, que podrían verse forzados a dotar en su contabilidad una partida para la depreciación del valor de sus acciones, en especial en las empresas más pequeñas.

    Entre los perjuicios de solicitar un aval bancario por una cantidad tan importante y tan a largo plazo y que previsiblemente se hará de forma sindicada con varias entidades financieras, los expertos consultados aluden a la contragarantía que a buen seguro solicitarán las entidades y que obliga a sus solicitantes, por ejemplo, a efectuar algún tipo de pignoración, que restará liquidez a la empresa e irá en detrimento de los propios accionistas de la compañía.

    Otro caso posible es que las industrias podrían recuperar parte del dinero en el caso de que la Audiencia Nacional, instancia ante la que se deberá presentar el recurso, inste al regulador a volver a recalcular el importe de la sanción. La experiencia de lo que ha venido sucediendo en los últimos años con las multas de Competencia confirma la tesis que defienden los letrados consultados. Por un lado, lo improbable de que una sanción impuesta por el regulador sea anulada y, por el otro, la duración del procedimiento.

    Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reconocen que en los últimos años se han tenido que recalcular muchas de las sanciones impuestas, aunque no de forma notable, por las discrepancias en cuanto a la interpretación que han hecho los tribunales sobre las directrices que se han seguido para ajustar al ordenamiento jurídico español la normativa comunitaria sobre competencia. Hay que tener en cuenta que las directivas y la propia comunicación de Europa que Competencia toma como base para determinar la cuantía de las multas se limitan a dar unas pautas generales a los estados sobre por dónde deben ir las sanciones y son los diferentes países los que tienen que ajustarlas a su legislación.