Al Gobierno de La Rioja le consta que el Ministerio conoce y es sensible a las necesidades trasladadas por el Consejo y está trabajando para que encajen de la mejor forma posible en la nueva normativa, sin contravenir la legislación comunitaria.
Por todo ello, el Gobierno de La Rioja ha reiterado que seguirá "trabajando y buscando el consenso entre las partes, como ha hecho hasta ahora, en defensa de los intereses del sector vitivinícola riojano, a quien pide tranquilidad porque es conveniente esperar a que se conozca el texto que finalmente vaya a aprobar el Consejo de Ministros antes de que lo remita a las Cortes Generales para su tramitación".
Advierten del peligro de una solución en falso
Por su parte, El PR+ propone una estructura para el órgano de control de la DOCa Rioja que asegure un control "independiente, creíble y eficaz", según ha informado su presidente, Miguel González de Legarra, quien también ha solicitado al Ministerio de Agricultura -como administración tutelante de la DOCa Rioja- que reconozca a los veedores del Consejo Regulador de esta denominación la habilitación como inspectores con presunción de veracidad en sus actos.
Sobre el anteproyecto de Ley de Denominaciones de Origen, ha dicho, que establece explícitamente que la verificación de las condiciones de producción, antes de la comercialización, le corresponderá al Ministerio de Agricultura, sin perjuicio de que pueda delegar determinadas tareas de control en organismos de certificación de productos.
El anteproyecto determina igualmente que la gestión de las denominaciones de origen podrá ser realizada por un consejo regulador con personalidad jurídica propia, como corporación de derecho público, en el que se podrán delegar funciones de control de la Denominación de Origen, a excepción del control oficial, fundamentalmente la tramitación de expedientes, ha precisado.
Delegar el control oficial en el Consejo Regulador es tanto como eliminar la separación entre control y gestión establecida en la vigente Ley del Vino, pues, una vez eliminada, ambas funciones dependerían administrativa y funcionalmente del Consejo Regulador, que podría incoar e instruir los expedientes sancionadores e incluso llegar a imponer las sanciones, ha indicado el presidente del PR+.
También ha dicho que el Ministerio objeta la habilitación de los veedores como inspectores con presunción de veracidad en sus actos, habilitación mantenida hasta ahora sin problemas y que últimamente ha sido reconocida por distintas comunidades autónomas en sus leyes, a los veedores que actúan en las denominaciones que están exclusivamente incluidas en sus territorios.
En opinión del PR+, el mantenimiento de estas dos posturas entraña "un grave peligro" para el funcionamiento de la DOCa Rioja, ya que cree que "si el órgano gestor de la Denominación de Origen pudiera ejercer también el control oficial de la misma, se convertiría en juez y parte", ha informado González de Legarra.
Se debe funcionalizar a los actuales veedores
El PR+ también ha indicado que si el Ministerio no habilita a los actuales veedores debería funcionarizarlos o sustituirlos por funcionarios, con la correspondiente complicación administrativa y económica que supondría en la actual situación de crisis.
"Parece por tanto que la actitud de unos y otros puede llevar finalmente a que el control sea ejecutado por organismos privados de conformidad con lo que permite la normativa comunitaria", ha recalcado González de Legarra, quien ha dicho que esta situación es "radicalmente negativa y perjudicial para nuestra denominación".
Por ello, el PR+ propone que el Consejo Regulador, como encargado de la gestión, no debería ostentar el control oficial de la misma y que el Ministerio de Agricultura, debería mantener la actual habilitación de los veedores.