La situación de quienes intentan vender su patata en el mercado libre "es mucho peor" ya que se ofrecen precios de 3 y 5 céntimos por kilogramo, que luego se multiplican por mil al llegar al consumidor.
A este "atasco" se ha llegado después de que se hayan solapado las cosechas de patata temprana y de media estación en España, a lo que se suma la gran presión que ha hecho durante el primer semestre la importación de grandes cantidades de patata vieja procedentes de Francia.
En Europa se estima que hay un excedente de patata de tres millones de toneladas, a lo que se suma el veto ruso, que también afecta a este producto. COAG, de la que forma parte la UAGR, va a pedir al Ministerio de Agricultura medidas urgentes para paliar la crítica situación que atraviesan; además creen que la creación de una interprofesional y de una denominación de origen, en La Rioja, también serían medidas beneficiosas, concluye el comunicado.
Incluirla dentro de las ayudas al veto ruso
Por oyra parte, LA ALIANZA UPA-COAG está participando activamente en el CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores) y en el que se están abordando temas tan importantes como las repercusiones del veto ruso a los productos agrícolas y ganaderos de la Unión Europea o los márgenes comerciales en la cadena agroalimentaria.
El representante de nuestra organización, Ventura Gonzalez, tal y como se ha hecho ante el Ministerio de Agricultura y Junta de Castilla y León, ha trasladado a los miembros del CEJA, del que forma parte, que se presione desde este organismo para que la Unión Europea incluya a la patata entre los productos afectados por el veto de Rusia, y sea por tanto beneficiaria de todas las medidas que se pongan en marcha.
Además la ALIANZA UPA-COAG ha denunciado la especulación que siguen sufriendo los precios de productos agrícolas y ganaderos, que supone índices de hasta el 1200 % de diferencial de precio entre origen y destino.
En este sentido hemos exigido medidas europeas que permitan acabar con esta situación y por lo tanto sirvan para corregir estos desmanes, puesto que lo que se ha hecho en nuestro país pone en evidencia la inoperancia de la Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria aprobada hace un año por el Ministerio de Agricultura, que está muy lejos de ser una herramienta para redistribuir equitativamente los márgenes entre los diferentes agentes de la cadena.