La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, ha celebrado ha celebrado una jornada de trabajo, a la que han asistido las máximas representantes de las delegaciones provinciales y regionales que AMFAR tiene en todo el territorio español, para abordar el balance de los programas desarrollados a lo largo de este año, y diseñar las actuaciones previstas de cara al próximo 2015.

      En el ánalisis realziado, destaca que las Comunidades Autónomas, ha explicado, que registran mayor número de mujeres dadas de alta en este régimen son Castilla y León con 41; Castilla La Mancha con 15; 12 en Galicia; 10 en La Rioja y 7 en Cataluña.

      Unos datos que no se corresponden con las regiones que podemos denominar “más agrarias” atendiendo, por ejemplo, a las ayudas directas que se perciben de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

     Así, encontramos que Andalucía, la comunidad autónoma que más ayudas percibe de la PAC, paradójicamente no tiene a ninguna mujer dada de alta como Titular Compartida.

      Esto ocurre porque la Consejería de Agricultura aún no ha puesto en marcha el “registro” que es obligatorio por parte de la Comunidad Autónoma para que las mujeres puedan acogerse a esta figura jurídica. A Andalucía le siguen, en ayudas directas de la PAC, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.

Clarificar dificultades y encontrar soluciones

     El Grupo de Trabajo sobre Titularidad Compartida, ha anunciado Merino, estará compuesto por 5 técnicas de AMFAR de las cinco comunidades autónomas donde el sector agrario cobra un mayor protagonismo (Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón), así como por dos expertos en materia de fiscalidad y seguridad social agraria.

     “Nuestro objetivo es clarificar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para darse de alta en esta figura jurídica, y encontrar soluciones que arrojen luz sobre una medida que tantos años de lucha y reivindicaciones nos ha costado para visibilizar el trabajo de la mujer en el campo y lograr la plena igualdad de derechos y oportunidades entre los profesionales del sector”, ha concluido Merino.

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