LA UNIÓ se congratula de la decisión de unir fuerzas contra los robos en el campo

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    LA UNIÓ, en una nota de prensa, piensa que aparte de modificar el Código Penal para que se contemplen las casuísticas de los robos en las zonas rurales o ampliar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en las zonas rurales, hay que optimizar los medios existentes por parte de los ayuntamientos en las zonas rurales.

    Esta organización profesional agraria ha trasladado en reiteradas ocasiones tanto a la Delegación del Gobierno como la Conselleria de Gobernación la creación de un cuerpo de policía rural en aquellos municipios de mayor población o una policía rural mancomunada para las de menos habitantes; así como se mancomunaran y coordinaran los medios policiales locales. Ramón Mampel señala que “los cambios en el Código Penal están muy bien y ya deberían estar, pero si no intimidamos y cogemos a los ladrones no servirán para nada, por eso paralelamente hay que establecer actuaciones en clave autonómica como la policía rural o local con la unión de los esfuerzos de todos. Donde no llega un policía, sí pueden llegar varios”.  

    LA UNIÓ también ha pedido la constitución y funcionamiento periódico de las Juntas de Seguridad Rural local, provincial y autonómica; y que los Ayuntamientos y/o Juzgados de Paz tengan la capacidad de registrar las denuncias para después, trasladarlas a la Comandancia de la Guardia Civil. Todas estas actuaciones facilitarían, en su opinión, la incentivación de la cultura de la denuncia al disponer de una policía de mayor proximidad y tener datos más exhaustivos y fidedignos de la naturaleza de los robos en las zonas rurales. Se insta a los agricultores y ganaderos a interponer denuncias pero en muchos casos deben recorrer muchos kilómetros para presentarlas, con el considerable gasto y pérdida de tiempo que nadie les paga y, lo que es peor, sin garantías de una respuesta efectiva a la denuncia.

    Otro aspecto a trabajar y mejorar en los robos de las zonas rurales para LA UNIÓ es la persecución e inspección de las empresas (almacenes, chatarrerías, etc.) que compran producciones agrarias o de otro tipo y no puedan demostrar su procedencia o enclaves potencialmente susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como de material como cobre, herramientas, etc.