Tras conocer las cifras definitivas de la ejecución del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, Galicia ha confirmado su suspenso al perder casi 56 millones de euros de fondos europeos que dejó sin gastar. Y eso a pesar de haber tenido un plazo adicional de dos años más para poder ejecutarlos. La cifra se eleva a 74 millones de euros si tenemos en cuenta que, a estos fondos de Bruselas quedaba por añadirle la parte que les corresponde poner a la Xunta y al Ministerio de Agricultura, según ha denunciado el SLG.

El PDR 2007-2013 para Galicia contaba con una asignación de 888.801.564 euros del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). De esos fondos que tenía para gastar, Galicia ejecutó el 93,71% (832.855.187 euros), por lo que dejó sin ejecutar 55.946.377 euros. De esta manera, Galicia está entre las seis comunidades del Estado que no llegan a la media de ejecución del PDR, junto a Madrid, Andalucía, Extremadura, Baleares y Valencia.

el slg critica que a tres meses de acabar el plazo aún le quedaban por gastar 153 millones de euros

Para el Sindicato Labrador Gallego, se trata «de una pérdida de fondos injustificable en el contexto de crisis actual en el campo, ya que estos fondos se emplean en cuatro ejes fundamentales para el medio rural: modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes a las actividades agroganderas, ordenación del territorio y avances en la productividad de la industria agroalimentaria y forestal».

Por eso, desde el SLG, denuncian que esta pérdida de fondos europeos es «consecuencia directa de los recortes y desmantelamiento de la Consellaría de Medio Rural de la Xunta, que cada vez tiene menos capacidad de gestión. Un dato que corrobora esto es que en octubre de 2015, cuando quedaban sólo tres meses para que expirase el último plazo para ejecutar estos fondos (31 de diciembre), a Medio Rural aún le quedaban por gastar 153 millones de euros, el 17,4% de los fondos».

Dentro de esta dinámica, el sindicato señala cómo muchas líneas de trabajo que desarrollaba la Consellaría de Medio Rural dejaron de realizarse «o se optó por criterios muy lesivos para los productores por no poner la administración los medios necesarios para tramitar los expedientes». Entre los ejemplos destaca que en la tramitación de la PAC se impuso por sistema que en amplias zonas del territorio a superficie de pasto admisible fuera cero, siendo luego la persona administrada la que tenía que probar que no era así; varios programas de apoyo dejaron de convocarse, como los de asesoramiento técnico a las producciones vegetales y a la viticultura; alegaciones y recursos que no se respondieron, como los del SIXPAC del año 2015 que llevaron a la gente afectada la una situación de indefensión total; reducción drástica de personal en la mayoría de las oficinas agrarias comarcales, en las escuelas de capacitación y en los centros de investigación como lo de Mabegondo; la falta de desarrollo del anunciado Plano de Fortalecimiento del Sector Lácteo y otros sectores en una situación crítica, etcétera.

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