EFE.- En el marco del Consejo Consultivo de Agricultura celebrado ayer en Madrid, el consejero de Murcia, Antonio Cerdá, ha destacado que a la región le preocupa el mantenimiento de estos fondos, ya que recibe aproximadamente la tercera parte del total para España.

Cerdá ha apuntado que el Ministerio trabaja para que continúen como en el sistema actual y que "parece que están seguros", pero que hasta que no se concluyan las negociaciones comunitarias no hay "absolutamente nada cerrado".

Según ha detallado, en la actualidad estos fondos se elevan al 4,1 % del valor del producto comercializado por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que se cofinancian al 50 % por parte de la Unión Europea y las propias agrupaciones, y que contribuyen a la modernización de las explotaciones.

La convergencia de los pagos, la definición del agricultor activo o el establecimiento de un techo para las ayudas ("capping") son otras de las cuestiones por cerrar, ha añadido.

Por su parte, el consejero andaluz, Luis Planas, ha afirmado que es "importante" que en frutas y hortalizas los fondos operativos se incrementen al 5 %, si bien el Parlamento Europeo "parece haber vuelto atrás".

Aceite

En cuanto a las medidas de mercado, Planas ha considerado que es muy "importante" que se pueda volver a evaluar el precio de referencia que desencadena la puesta en marcha de la ayuda al aceite de oliva mediante la intervención, y que "no debe cerrarse la puerta a una posible intervención privada" aunque sea sin subvenciones, en casos de problemas de mercado.

También se ha referido a que existen "posibilidades" para que la Unión Europea (UE) ponga en marcha planes de fomento del consumo de aceite de oliva en las escuelas, como los que hay para la leche o las frutas, en la nueva PAC para 2014/2020.

Andalucía también ha mostrado su preocupación por el mecanismo de "disciplina financiera" por el que se reducirían un 5 % las ayudas directas en 2014.Planas ha afirmado que apoyará al Gobierno para que rechace ese recorte, así como en la defensa de un nivel de convergencia menor que la propuesta por Bruselas.

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