En cualquier caso, las entidades asociadas a FAECA subrayan que es necesaria una mayor concreción, así como rapidez en la adopción de medidas, de modo que se acabe con la incertidumbre que afecta, especialmente, a las cooperativas sujetas a las reclamaciones más cuantiosas. Igualmente, reclaman la paralización de todas las inspecciones motivadas por este concepto.
Recordemos que la problemática radica en las diferencias suscitadas con Hacienda en lo relativo al proceso administrativo seguido por las cooperativas en el suministro de carburantes, cuando en ningún momento han cesado en el pago o la justificación del gasóleo comercializado. De hecho, las entidades afectadas han actuado conforme a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales (RIE) de 1995.
Cobro actual por un cambio vinculante aprobado hace siete años
Sin embargo, son ahora objeto de reclamaciones por no atenerse a lo dispuesto en una consulta vinculante posterior (V0442-06), emitida por la Dirección General de Tributos, la cual no se ha tenido en cuenta en las inspecciones hasta el año pasado, es decir, hasta siete años después de su publicación.
Prueba de que el procedimiento seguido por las cooperativas no es constitutivo de fraude, es que los servicios de inspección de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales no han presentado propuesta de sanción alguna y se han limitado a reclamar la bonificación del impuesto por lo que han denominado “fallo en el proceso administrativo”.
Por ello, FAECA lleva prácticamente un año de intensas negociaciones con la Secretaría de Estado de Hacienda y la Dirección General de Tributos, a través de las cuales se ha logrado, como avance significativo, la modificación del artículo 106 del RIE, a fin de despejar las dudas en torno al procedimiento y otorgar validez a la práctica habitual seguida por las cooperativas, una medida que no solventa el problema generado al no aplicarse con efectos retroactivos.
En este sentido, la federación ha mantenido numerosos encuentros con representantes de la Administración, como la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo Díaz; el delegado ejecutivo regional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Jorge Ramírez López; el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; y, más recientemente, con el referido delegado especial.
A falta de soluciones realmente definitivas, FAECA, junto a las organizaciones agrarias y sindicales, continuará con las acciones reivindicativas para poner de relieve que la relación causa-efecto es desproporcionada y recordar que la actividad de las cooperativas agroalimentarias es fuente de riqueza y empleo estable en cientos de pueblos andaluces, por lo que urge atajar la problemática a la mayor brevedad.