Los letrados de AVA-ASAJA, según informan en un comunicado, al efectuar este primer balance de las consecuencias de esta nueva ley, sostienen que no es de extrañar el efecto tremendamente desincentivador que está teniendo sobre los agricultores a la hora de denunciar a las empresas que no les pagan sus cosechas, ya que antes de iniciar cualquier trámite se ven obligados a desembolsar cantidades que oscilan entre los 150 y los 300 euros –en función de la cuantía reclamada- a los que hay que sumar los gastos del letrado y del procurador, lo cual arroja un gasto medio de unos 500 euros como condición previa para poder interponer la demanda.
Si a tal circunstancia se le agrega la habitual incertidumbre que acompaña el resultado de este tipo de procesos, en los que es frecuente que la firma denunciada se declare insolvente, el resultado es la caída en picado experimentada por el número de denuncias cursadas por los agricultores valencianos.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, califica esta situación de “indignante y vergonzosa”, al tiempo que asegura que ante lo que está sucediendo “los agricultores nos sentimos doblemente robados: por el Gobierno y por aquellos estafadores que no pagan las cosechas que compran”.
Aguado tampoco oculta “el malestar y la indignación que sentimos los agricultores ante el Gobierno por habernos dejado un poco más indefensos debido a su insensibilidad y afán recaudatorio”.
“Además –prosigue el presidente de AVA-ASAJA- se supone que el objetivo de esta nueva ley y de las tasas es el de mejorar y agilizar los servicios judiciales, pero los letrados de nuestra organización nos aseguran que la lentitud y la falta de diligencia continúan siendo la tónica dominante”