"Se trata de una ley que a nivel europeo marcará un antes y un después", ha afirmado por el PP Bibiano Fernández, quien ha recordado que aboga por un modelo más transparente y democrático, y quiere acabar con la actual representatividad "de tipo especulativo", en la que cada organización agraria "se la asigna a sí misma".

La ley habla de mínimos y se será flexible" para dotarla de transparencia


     De las 17 comunidades autónomas, sólo 9 han celebrado elecciones al campo una vez -y en alguna de ellas no se han efectuado desde hace más de 16 años-, lo que se traduce en que en "en el 34% de las regiones, nunca se han celebrado" comicios, ha indicado.

    Ha aclarado que el proyecto de ley habla en ocasiones de "mínimos", pero no impedirá poner en marcha las mesas necesarias en ámbito "local" para votar; que la consulta tiene garantías y que "servirá" a sus objetivos, ya que los reglamentos de desarrollo recogerán con "transparencia" el proceso electoral y sanciones.

    El portavoz del PSOE en la Comisión, Alejandro Alonso, ha solicitado garantías democráticas en el proceso que a su juicio, "tal y como previsiblemente se va a aprobar, no tiene", y ha criticado que el Gobierno cambiará una ley anterior que contó con el consenso de las tres organizaciones agrarias estatales mayoritarias

    Alonso defendió unas 40 enmiendas, muchas de ellas para exigir garantías democráticas: ha reclamado un proceso amparado por el régimen electoral general, que se pueda votar a candidatos o "personas" al Consejo Agrario y no solo a siglas como está previsto, con un censo homologable a las convocatorias autonómicas y con mesas que permitan votar a todos.

Muchas enmiendas de la ooposición pero muy pocas aceptadas por el PP


     Ha reivindicado que sea el Consejo Agroalimentario el interlocutor máximo del Estado, con participación de la industria alimentaria, las cooperativas, las organizaciones agrarias (OPAs) y los sindicatos.

     Las enmiendas de UPyD iban orientadas a que se haga un proceso electoral y no sólo una consulta, que sean las OPAs más representativas las que obtengan al menos un 10 % de los votos validos (no el 15 % que recoge el Proyecto) y el 5 % al menos en 6 CCAA, y que puedan votar también quienes ingresan menos de 5.000 euros al año de la Política Agraria Común (PAC), siempre que no eso no suponga más del 80% de todas sus rentas.

     Desde Izquierda Plurar, José Luis Centella ha expresado su "rechazo radical" a un "mal método" para medir la representatividad agraria, pidió equiparar el voto por correo al que tiene en otro tipo de elecciones, que participen los agricultores profesionales y que hayas suficientes mesas para favorecer la participación.

     Marc Solsona, de CiU, ha apuntado que su partido ha presentando unas 50 enmiendas, de las que más de 30 se refieren a las garantías democráticas del proceso, y ha valorado que una transaccional haya rebajado de 1.400 a 500 los electores máximos por mesa.

    Entre la enmiendas que presentó CiU y aceptó el PP, figura que se podrán establecer mecanismos de colaboración con la Comunidad para la utilización conjunta y ampliación en su caso de los instrumentos necesarios para realizar el procedimiento previsto en la ley.

    Por parte del BNG, Olaia Fernández Davila ha alertado de que este proceso supondría la exclusión de organizaciones que no son de ámbito estatal o que no puedan concurrir en coalición y ha cuestionado que no se hagan unas elecciones, en vez de una consulta, además de pedir que en el Consejo Agrario se garantice la participación de representantes sindicales y de las mujeres.

    Joseba Aguirretxea (PNV) ha opinado que el Gobierno opta por "un sistema centralizado y uniforme" y que este proyecto de ley choca con las competencias autonómicas en agricultura, al tiempo que ha criticado los censos que se establecen en esta consulta.

     El PNV no votó ninguna enmienda presentada por los otros partidos "por coherencia" y sí lo hizo en contra del dictamen completo, según Aguirretxea.

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