El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, advirtió a la Generalitat que la actual legislación en materia de las elecciones agrarias vigente en España impide que voten el 80% de los agricultores valencianos. La advertencia de Aguado se produce justo cuando se acaba de presentar una Proposición No de Ley en el parlamento autonómico para solicitar la convocatoria de unos futuros comicios en el campo valenciano.
Sin embargo, si se aplicasen los criterios contenidos en la ley estatal sobre este asunto, tal como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, la inmensa mayoría de los propietarios agrícolas de la Comunitat Valenciana quedarían excluidos de la posibilidad de votar.
La generalitat promete que “todos los que paguen impuestos vinculados a la agricultura y estén legales podrán votar”
Y es que la legislación española solo reconoce el derecho al voto a aquellos agricultores que estén adscritos al régimen agrario de la Seguridad Social, pero deja al margen de las elecciones agrarias a aquellos otros que, aun siendo propietarios de explotaciones y pagando todos los gastos, impuestos y obligaciones derivados de su actividad como agricultores, no cotizan a través del régimen específico agrario.
Ante esta perspectiva, el máximo responsable de la organización agraria aprovechó su intervención en la XXI Jornada de la Mujer Rural, celebrada este jueves 9 en Alzira, para denunciar “este sinsentido” y reclamar “diálogo a los partidos políticos valencianos. Tenemos que reunirnos para tratar el asunto y si no quieren escucharnos en los despachos nos oirán en la calle”, afirmó. Además subrayó que, ante la gravedad de los problemas que acucian a la agricultura valenciana, la hipotética celebración de unas elecciones en el campo no es ni de lejos uno de los más apremiantes.
En cualquier caso, el secretario autonómico de Agricultura de la Generalitat, Francisco Rodríguez Mulero, recogió el guante lanzado por el líder agrario y dijo al respecto que “todos los que paguen impuestos vinculados a la agricultura y estén legales podrán votar” en las elecciones agrarias.
Precisamente entre los problemas más urgentes que tiene planteados el sector destacan las consecuencias cada vez más graves que la persistente sequía está causando sobre la agricultura, tanto para el normal desarrollo de los cultivos como en términos de sobrecostes.
Por ello, Aguado se dirigió directamente al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, quien inauguró el encuentro, y al propio Rodríguez Mulero, a fin de exigir a los ejecutivos central y autonómico que acometan con carácter de máxima urgencia inversiones hídricas para aliviar una situación que está adquiriendo tintes críticos: “Espero que algún día los políticos se quiten el tapón de los oídos y hagan un Plan Hidrológico con la colaboración de los partidos, los agricultores y los expertos en estas cuestiones. Es preciso realizar una red de autopistas del agua, infraestructuras para su almacenamiento, miniembalses cerca de la costa, todo lo que sea necesario para aprovechar al máximo las lluvias. Queremos que el dinero se gaste en lo que hace falta.”