La Unión de Extremadura ha presentado un escrito de queja ante la Comisión Central de las elecciones al campo regionales para reclamar su derecho a que un miembro de esta formación forme parte de esta Comisión como observador, tal y como recoge la legilación. Si se les impide entrar, denunciarán el posible «fraude» en estos comicios.
La Ley 6/2016, que regula las elecciones al campo en Extremadura, establece el derecho de que las Organizaciones Agrarias que se vayan a presentar a las elecciones tienen que proponer un observador tanto en la Comisión Central como en las Juntas Electorales provinciales.
La Unión de Extremadura se pregunta «qué intereses» hay para impedir la presencia de observadores
La Comisión Central ha comunicado a La Unión de Extremadura que no va a permitir la figura de Observador en las Juntas electorales hasta que no se publiquen las candidaturas el 23 de febrero. Para la organización, «cuando esto suceda ya se habrán aprobado las mesas de votación, el Censo definitivo, las candidaturas admitidas, sorteados los miembros de las mesas electorales, en definitiva para el 23 de febrero estará aprobado y resuelto todas las cuestiones previas a la votación».
La Unión de Extremadura denuncia que cuando la Asamblea de Extremadura aprobó la figura del observador «lo hizo para dar garantías y transparencia a unas elecciones que no se realizan hace 15 años, por lo que desde la Unión de Extremadura nos preguntamos ¿Qué intereses tienen los 5 miembros de la Comisión Central (funcionarios de la Consejería de Agricultura) en no permitir la presencia de observadores en la toma de decisiones tan importantes como a aprobación del censo, las mesas, las candidaturas etc.?».
Asimimso, hace hincapié en que si se cogen referencias de las últimas elecciones al Campo en Extremadura, los miembros de las Comisión Central tomaban posesión de su puesto a los 10 días de la convocatoria, antes de la toma de las decisiones vitales como las que han anunciado.
Por ello, la Unión de Extremadura ha presentado un escrito de queja ante la Comisión Central por la decisión tomada, solicitando la presencia inmediata de observadores en dicha Comisión. «Si esto no ocurriese denunciaríamos tal decisión e informaríamos a los partidos políticos con representación en la Asamblea del fraude de Ley, que supone que 5 funcionarios obvien las garantías que permitía la Ley de elecciones de cara a salvaguardar la garantías electorales y la transparencia en la toma de decisiones», señalan en una nota.