En concreto, según el PSOE, se trata de unas actuaciones ordenadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales en las que se exige, "sin tener base ni en la propia Ley ni en el Reglamento de Impuestos Especiales", que la tarjeta-gasóleo bonificado se utilice no sólo como medio de pago del gasóleo bonificado, sino también en el momento en que se retira el producto.

     A juicio del PSOE, las regularizaciones del Impuesto que generan estas "cuestionadas inspecciones" suponen un "auténtico riesgo" de paralización de la actividad de estas cooperativas.

Unos cobros sin sanciones


    La problemática, según ha venido denunciando la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), radica en las diferencias suscitadas entre Hacienda y las cooperativas en lo relativo al proceso administrativo llevado a cabo por éstas en el suministro de carburantes, cuando en ningún momento han cesado en el pago o la justificación del gasóleo comercializado. De hecho, las cooperativas han actuado conforme a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales (RIE) de 1995. Sin embargo, ahora han sido y son motivo de inspección por no atenerse a lo dispuesto en una consulta vinculante posterior (V0442-06), emitida por la Dirección General de Tributos, la cual no se ha tenido en cuenta en las inspecciones hasta el año pasado, es decir, hasta siete años después de su publicación.

     Asimismo, la Federación, como prueba de que el procedimiento seguido por las cooperativas no es constitutivo de fraude, ha venido recalcando ell hecho de que los servicios de inspección de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales no han presentado propuesta de sanción alguna y se han limitado a reclamar la bonificación del impuesto por lo que han denominado “fallo en el proceso administrativo”, un retorno que abocará a algunas entidades al cierre, al suponer desembolsos superiores a los 600.000 euros, en ciertos casos.

(Foto: Archivo www.lacerca.com)

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