Las medidas medioambientales o las cuotas de azúcar aún dificultan el acuerdo de la PAC

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   "Ningún país va a obtener todo lo que quiere, ninguno. No importa lo grandes, poderosos o pequeños que sean. El tiempo para destacar las principales posiciones nacionales se ha terminado (…) Todo el mundo tiene que aceptar un compromiso que de ordinario no aceptaría", dijo el ministro irlandés, Simon Coveney, en un encuentro con periodistas.

    Conveney dijo que una de las cuestiones más complicadas es la de las cuotas de azúcar, ya que hay una "fuerte demanda de muchos países" como España que las quieren prolongar hasta 2020 y otros que quieren que expiren en 2015 (Irlanda o Reino Unido), en la fecha prevista.

    La propuesta actual de la presidencia fija la fecha en 2017. Coveney consideró que no será posible lograr un acuerdo que adelante el fin de las cuotas antes de ese año.

    Sobre los llamados "pagos acoplados", los que van ligados a la producción, destacó que hay "puntos de vista diametralmente opuestos" entre los "partidarios del libre mercado que no quieren en absoluto esos pagos" (Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Suecia) y "una mayoría de estados miembros que quieren un incremento de su capacidad" de conceder esos pagos.

    La presidencia irlandesa propone subir del 10 al 12% el porcentaje de pagos acoplados que los países pueden conceder directamente sin solicitar permiso de la Comisión Europea (CE) a sectores concretos como la ganadería.

    España, que solicita llegar hasta un 15%, ha pedido además que se amplíen estos pagos a sectores como el algodón o el tabaco.

    En el apartado de las prácticas ecológicas que la nueva PAC exigirá a los agricultores para concederles ayudas, la presidencia ha recogido la petición de España de considerar el potencial medioambiental de cultivos permanentes como el olivar o el viñedo sin imponerles exigencias adicionales.

    Así, el texto reconoce el beneficio para el medioambiente de las áreas de cultivos permanentes de más de 20 pero menos de 250 árboles por hectárea -algo que España vería con buenos ojos para proteger más a los olivares tradicionales-, y de aquellos plantados en terrenos con al menos un 10% de pendiente (que contribuyen a luchar contra la erosión).

    Todavía queda por definir las condiciones en que el "paisaje" puede eximir de la obligatoriedad de ejercer prácticas ecológicas a agricultores que estén rodeados por bosques (un tema de especial interés para los países nórdicos), recordó Coveney.

    El reparto equilibrado de las ayudas que la CE pide que se haga a nivel nacional y regional (la llamada convergencia interna) será otro de los asuntos que no se cerrarán hasta el final del Consejo, según fuentes comunitarias.

    La Comisión pide que, progresivamente, se converja en los pagos, de forma que en 2019 todos los agricultores europeos reciban una tasa plana.

    Según el texto de la presidencia, se limitará al 30% la convergencia de la diferencia entre el pago medio a cada agricultor y el 90% del pago que se otorga a su región.

    Esa propuesta también incluye la petición de España de poder limitar los derechos de asignación de pagos a partir de 2014 al 145% de la superficie declarada elegible en 2009 para recibir ayudas, lo que evitará que los fondos queden diluidas (España mantendría los pagos previstos para los 22,4 millones de hectáreas que reciben ayudas actualmente).