Las OPAs de CyL rechazan que la concentración parcelaria sea con fondos privados

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    Donaciano Dujo ha señalado que esta ley es "necesaria", ya que unifica normativa ahora dispersa que afecta al sector agrario, aunque a su juicio debería haber incluido una serie de materias relacionadas con el desarrollo rural.

    Por parte de la Alianza, el secretario regional de UPA, Julio López, ha reclamado que la nueva ley incluya cuestiones "no recogidas" en la "mala aplicación" de la PAC que se ha acordado en España.

    Al respecto, ha recordado que la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020 no incluyó el requisito que reclamaba Castilla y León, de que haya que justificar con una actividad agraria al menos el 50 por ciento de lo que se cobra en ayudas europeas, porcentaje que ha quedado en solo el 20.

Un régimen sancionador "tremendo"


    Julio López ha lamentado el "régimen sancionador tremendo" que prevé la ley, su falta de presupuesto o que la figura del mediador en la cadena de valor no tenga un papel vinculante.

    López ha criticado que las concentraciones parcelarias se tengan que pagar con fondos privados, porque "tienen que ser públicos", al incluir estas actuaciones infraestructuras de uso público.

    A este aspecto de la nueva ley se ha referido también la representante de la UCCL, Rosa Arranz, para reclamar que "estén dotadas por la Administración con un presupuesto adecuado".

Piden que se incluya la figura de ‘agricultor activo’ aprobada en la Comunidad


    Asimismo, ha pedido también que se establezca en la Ley Agraria de la Comunidad la figura del profesional de título principal o activo que reclama el sector en Castilla y León, una vez que el Ministerio de Agricultura solo ha admitido ese porcentaje del 20 por ciento en la PAC.

    Por parte de URCACYL, Jesús Carrión, ha considerado que la nueva ley al menos prevé las concentraciones parcelarias con financiación privada, ya que si no recoge alguna modalidad, "no se podrían desarrollar".

    Además, ha destacado que incluye la puesta en marcha de organizaciones interprofesionales de ámbito autonómico, ya que hasta ahora son nacionales.

    Carrión ha reclamado que el defensor de la cadena de valor no sea una figura simbólica, sino "ejecutoria", y que el arbitraje "se regule de una vez", porque el texto actualmente solo lleva "una pincelada".