Las organizaciones agrarias aceptan las elecciones pero ven carencias en el proceso

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    El primero en posicionarse sobre esta cuestión ha sido José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, quien ha señalado que "los agricultores queremos elegir a quienes nos representan" y ha acogido "con viva satisfacción la aprobación de este proyecto de ley".

Unión de Uniones aplaude la convocatoria y espera transparencia en el proceso

   En una nota de prensa, asegura que La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado "siempre y con insistencia la necesidad, en beneficio los intereses de los agricultores y ganaderos, de proceder a una renovación del modelo de interlocución con el Ministerio de Agricultura. Hasta ahora dicho modelo está basado en una representatividad  asentida por la propia Administración, pero nunca legitimada por elecciones democráticas a cabo a nivel estatal".

   Por esta razón, Unión de Uniones ha seguido con expectación la redacción del proyecto de Ley hoy aprobado, que establecería como órgano de interlocución un Consejo Agrario constituido por los representantes elegidos por los agricultores y ganaderos en una consulta a celebrar en todo el Estado.

   “Desde nuestra organización le damos la bienvenida al proyecto de Ley, reconociendo que el Ministro está cumpliendo sus compromisos en esta cuestión” – ha manifestado José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de la Unión – “En la Unión creemos en el derecho de los agricultores y ganaderos para elegir a aquellos que se sentarán con el Ministerio a negociar en nuestro nombre y confiamos en que esta Ley, cuando se apruebe y se convoquen las elecciones, sirva para ello. Al menos, nosotros si vamos a defender ese derecho", ha añadido.

   La organización es consciente de que el proyecto de Ley de Representatividad Agraria debe atravesar ahora un trámite en las Cámaras Legislativas al que prestará la máxima atención. En el transcurso de ese trámite la Unión tomará contacto con los grupos parlamentarios para trasladarle sus propuestas. Éstas irán orientadas a garantizar que el ejercicio del derecho de los agricultores y ganaderos a elegir a sus representantes se realice a través de una consulta con las máximas garantías de transparencia y que se propicie la máxima participación de los agricultores y ganaderos, particularmente de aquellos vinculados profesionalmente al sector.

    La Unión señala por último que la futura consulta electoral deberá guardar coherencia en su diseño básico y tener en consideración las consultas ya celebradas en algunos territorios (Cataluña, Castilla y León, Madrid) en el marco de las elecciones a Cámaras Agrarias, en las que los agricultores y ganaderos ya han manifestado su opinión otorgando a la Unión de Uniones un grado de representación importante y, en algún caso, mayoritaria. 

COAG y LA ALIANZA creen que el sistema de votación no es justo para todos

   Por su parte, la ALIANZA UPA-COAG manifiesta que afrontará cualquier proceso electoral "sin ningún miedo, pues siempre ha apostado abiertamente por la representatividad a través de unas elecciones democráticas, limpias y transparentes, en las que puedan participar todos los agricultores y ganaderos profesionales en igualdad de condiciones".

   Sin embargo, del contenido del Anteproyecto de Ley "se deducen enormes carencias en cuanto a garantías democráticas, ya que el procedimiento que se fija para determinar la representatividad no se basa en un proceso electoral conforme a la Ley Electoral General –como es el que se desarrolla en Castilla y León-, sino en una consulta popular, que deja enormes lagunas en cuestiones esenciales como el censo o la ubicación de las mesas electorales, o la insuficiente regulación del voto por correo".

   Por otra parte, creen que no es de recibo que el Gobierno justifique esta propuesta legislativa en la necesidad de “legitimar” la representantividad actual de las organizaciones, "cuando la misma está sustentada en la Ley 10/2009, de 20 de octubre, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de las Cortes Españolas hace cuatro años".

   La ALIANZA UPA-COAG considera" lamentable que el ministro plantee una simple consulta popular pero con consecuencias propias de un proceso electoral, en materia de representatividad ante los organismos públicos o de gestión del patrimonio sindical agrario. En este sentido, resulta llamativo que la propuesta legislativa del ministro no haya sido previamente consultada con las comunidades autónomas, ni siquiera las de su propio partido. Con ello no hace sino acrecentar la sensación de que lo que realmente busca es enredar y tratar de obtener una “representatividad” más acorde a sus propias preferencias, de tipo personal o político, independientemente de la implantación real de las organizaciones entre los profesionales".

   En una hipotética consulta tal cual está planteada en el Anteproyecto de Ley no tendrán los mismos derechos todos los agricultores y ganaderos, ya que no habrá mesas electorales en todos los pueblos. "Al poner mesas sólo en determinados lugares, será más fácil acudir a votar a la mesa que se situaría cerca del Paseo de la Castellana que a los ganaderos que tienen su explotación en la sierra, por ejemplo, y que tendrán que recorrer en algunos casos más 200 kilómetros para votar. Además, no se regula convenientemente el voto por correo, cuestión especialmente llamativa por el evidente riesgo de que se cometa un fraude electoral, como ya ocurrió en las últimas elecciones a cámaras agrarias en Castilla y León".

   En definitiva, LA ALIANZA UPA-COAG apuesta por un sistema auténticamente democrático de representación que recoja la voluntad libre de todos los profesionales del sector.

ASAJA no ve el momento ni el contenido y pide que se respeten los datos de 2012 en CYL

    Desde ASAJA Castilla y León, se ha cuestionado “tanto la oportunidad como el contenido” del proyecto de Ley ya que “se aleja todo lo que puede del modelo de agricultura profesional, que es el que ASAJA de Castilla y León defiende”.

    Otro error en el que se incide en el articulado del proyecto de Ley es, en su opinión, establecer un número mínimo de urnas por provincia, “dando escasas facilidades para votar a los que se supone que tienen que hacerlo, los agricultores y ganaderos, que residen en los numerosos núcleos de población que se reparten por nuestro extenso territorio”, subraya ASAJA, que augura “una abstención muy importante si se mantienen estas condiciones en los comicios”.

   Además, la normativa fraguada por el equipo de Arias Cañete “pasa deliberadamente por alto que en comunidades como Castilla y León ya se han celebrado desde 1997 cinco elecciones en el campo, la más reciente en diciembre de 2012”. Unos procesos electorales que han otorgado unos resultados claros y corroborados por todo el sector, por lo que ASAJA pide que estos datos se extrapolen y se consideren válidos para medir la representatividad agraria en nuestra Comunidad Autónoma.

   “En tiempos como estos más que nunca han que apelar al sentido común y a la austeridad, y no parece razonable que el ministerio nos empuje a celebrar un proceso electoral que es caro y para el que no está prevista ninguna financiación pública, obligando a que se deteriore la economía de las organizaciones de agricultores y ganaderos”, indica ASAJA.

    Para la OPA, la Ley de representatividad “da la impresión de que nace para rellenar una legislatura marcada por el cada vez más escaso presupuesto del ministerio de Agricultura, que le impide efectuar una política realmente activa e inversora en el campo. Entre lo que dispone Bruselas y la ejecución, en manos de las Comunidades Autónomas, el ministerio se ha ido quedando sin competencias y sin presupuesto, y ahora, con las arcas vacías, viene a ordenar un patio en el que poco manda”.

   Por último ASAJA de Castilla y León confía en que en el trámite parlamentario haya “un vuelco total de un proyecto rechazado masivamente por el sector”. Y la organización pide expresamente el compromiso, defensa y apoyo de los representantes de la Comunidad Autónoma en el Congreso y el Senado.

Para UPA, puede ser "la ley Wert o la ley Gallardón de Cañete"

    La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) cree que el proyecto de Ley de representatividad agraria y la creación del Consejo Agrario tienen "elementos de inconstitucionalidad" y puede ser "la ley Wert o la ley Gallardón de Cañete" por su falta de consenso.

    Así lo ha afirmado a Efeagro el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, quien ha indicado que intentarán que se modifique el texto en el trámite parlamentario para intentar "arreglar" una ley que ha calificado de "bodrio".

    Alarcón la ha enmarcado en la estrategia de "los Departamentos del Gobierno, empeñados en sacar algo que va contra todo el mundo y nadie demanda", y cita las leyes de educación y del aborto.

    Ha denunciado la falta de transparencia durante su tramitación y, según asegura, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "en ningún momento" les dijo que el proyecto de ley iría al Consejo de Ministros, a pesar de que departió ayer con todo el sector en un acto sobre aceite de oliva.

    "Esa ha sido la tónica en todo el proceso", ha opinado Alarcón, quien considera que el ministro "está mintiendo a la opinión pública", porque "no propone un proceso electoral, sino una consulta, mucho más cercana a una encuesta que a un proceso electoral".

    "Rechazamos de plano que se pueda dirimir la representatividad de las organizaciones agrarias mediante un procedimiento que no sea un proceso electoral propiamente dicho", democrático y con las garantías de la ley electoral general, ha destacado.

    En su opinión, el Ministerio "altera deliberadamente el censo para dar la voz a los que no son profesionales" y "se dificulta la participación en el proceso porque no se instalan las mesas suficientes" para que todos los agricultores y ganaderos voten. "Técnicamente es un proyecto de ley muy deficiente… o muy malo", ha indicado.

    Ha advertido del riesgo de que la puesta en marcha de, en su opinión, "procedimientos absolutamente irracionales" de consultas -a la estatal podrían sumarse otras autonómicas en el futuro- "pueda ser un intento de buscar la confrontación electoral de las OPAs".

    En ese sentido, ha aludido al posible interés del Gobierno de que "estemos más tiempo dedicados al proceso electoral que a desarrollar nuestras labores de representación sindical". Alarcón ha señalado que "no lo van a conseguir, porque nosotros vamos a poner por encima" su función de representatividad y reivindicación en defensa del sector "por encima de todo".

    "Tenemos la impresión de que el Gobierno y el ministro quiere en estos momentos abrir un conflicto con las organizaciones profesionales agrarias para tratar de tapar los muy malos resultados que va a tener el modelo de aplicación que están dibujando de la Política Agraria Común (PAC) en España", ha remarcado.

(Foto: Archivo)