Las organizaciones de CYL ‘pasan’ de peleas políticas y piden las ayudas al Desarrollo Rural

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    En este sentido, desde la UCCL, según señala en una escueta nota, se ha trasladado tanto al MAGRAMA como a la Consejería de Agricultura y Ganadería la conveniencia de que ambas Administraciones se pongan de acuerdo al objeto de agilizar los pagos pendientes a los profesionales del sector agrario de nuestra Comunidad (primera instalación, modernización de explotaciones, agroambientales, indemnización compensatoria, etc.).

COAG no oculta su "perplejidad"

   Por su parte, COAG en su reacción, además de mostrar su "perplejidad", asegura que "en todo caso estamos ante una confrontación dialéctica que está afectando a la cofinanciación del 50 % de fondos comunitarios del Plan de Desarrollo Rural correspondientes al 2012, y que consisten en ayudas imprescindibles como son: incorporación de jóvenes, cese anticipado, modernización de explotaciones, mejora de infraestructuras, modernización de regadíos, indemnización compensatorias de montaña, ayudas agroambientales, bienestar animal, forestación de tierras o recuperación potencial forestal".

   En su opinión , esta situación resulta sorprendente, puesto que la información ampliada por el subsecretario del Ministerio de Agricultura "en nada se parece" a la facilitada días atrás por la Consejería de Agricultura en el Consejo Regional Agrario, en la que se acreditaba que había pagos pendientes del MARM que ascienden a 26,6 millones de euros.

   El representante del Ministerio de Agricultura ha confirmado que el próximo viernes habrá otra reunión a nivel técnico de las dos administraciones para avanzar en esta controversia, ya que todo parece indicar que en la reunión del pasado día 21 nada se concretó.

   LA ALIANZA UPA-COAG califica como "inaudito que estas circunstancias ajenas al sector estén convirtiendo a las ayudas recogidas en el Plan de Desarrollo Rural 2007/2013 en arma arrojadiza entre administraciones, y que sus efectos tengan como víctimas a muchas explotaciones agrarias, a las que están llevando a un callejón sin salida desde el punto de vista de la viabilidad económica".

   Por este motivo, "apelamos a la responsabilidad política de ambas partes para que se ponga fin a esta confrontación, y se proceda al pago inmediato de lo que se adeuda a más de 50.000  agricultores y ganaderos de Castilla y León".

ASAJA lamenta que haya "más palabras que compromisos"

    Tras la reunión, ASAJA lamenta que no haya un compromiso claro del ministerio para que las ayudas que los agricultores y ganaderos deberían haber cobrado en 2012 se cobren a lo largo de 2013.

   El encuentro del responsable ministerial se ha desarrollado, según indica en una nota, en un tono de absoluta "cordialidad y talante conciliador" al referirse a los problemas de entendimiento entre la administración central y autonómica en torno a la financiación del PDR, “pero esa cordialidad no se ha traducido en ningún avance claro y, sobre todo, que tenga repercusión en los agricultores y ganaderos, quienes, hoy por hoy, no tienen ninguna garantía de que antes de que acabe el año reciban las ayudas comprometidas”, subraya ASAJA.

    Estas ayudas, recalca, corresponden a líneas fundamentales para el campo, como son la de primeras instalaciones de jóvenes, planes de mejora de las explotaciones, cese anticipado, indemnizaciones compensatorias, zonas de montaña y desfavorecidas, ayudas bienestar animal, grupos de acción local y apoyo a la industria alimentaria.

   Tras el encuentro, en su opinión, queda patente que existe una discrepancia importante entre el techo de gasto que la Junta entiende que debería aportar el ministerio para cofinanciar estas ayudas y el montante que reconoce el propio departamento de Miguel Arias Cañete. Curiosamente, el mismo portavoz del ministerio ha valorado la buena gestión que la Junta de Castilla y León ha realizado de estos fondos, eficacia que paradójicamente ha puesto al descubierto estos problemas de financiación, que no se han planteado en comunidades autónomas que no han tenido siquiera capacidad para afrontar sus compromisos de gasto con presupuesto autonómico.

    Explicaciones a parte, "el hecho es que a día de hoy el Ministerio no se ha comprometido a nada concreto, ni en cuanto a cantidades ni en cuanto a fechas de pago ni tan siquiera de las partidas que Madrid reconoce como pendientes de abonar. Para los agricultores y ganaderos", y para ASAJA como principal organización del sector, por encima de argumentos y explicaciones, lo importante es que se den soluciones al problema, por lo que pide a los responsables políticos “un ánimo más constructivo, puesto que de no resolverse este rifirrafe, quedarían en el limbo 67 millones de euros de gasto público que dejarían de invertirse en Castilla y León hasta el año 2015, en el que finaliza el Plan de Desarrollo Rural en vigor”.

El Ministerio asegura que no debe dinero ni ha perjudicado a CYL

    Port su parte, el Ministerio ha transmitido hoy "tranquilidad" a las organizaciones agrarias de Castilla y León, ya que "no debe dinero" de las ayudas agrarias" ni "ha perjudicado" a la Comunidad" y agilizará el pago de las que faltan de 2013.

    "No podemos aceptar que se diga que hoy por hoy debemos dinero o que no pagamos", en el 2012 "no sólo hemos cumplido con lo comprometido sino que hemos ido más lejos", y de 2013 ya "hemos comenzado a derivar los fondos" a la Comunidad, el 50 por ciento del total, ha explicado el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, en respuesta a lo dicho por la Junta de Castilla y León.

    Haddad quiso "avalar", con cifras y documentación que "el Ministerio hoy por hoy no debe dinero a nadie por el pago de esos fondos" agrarios. El subsecretario del Ministerio ha sostenido que la Junta de Castilla y León, con la que se reunió el pasado viernes y volverá a hacerlo el próximo, "no duda de los datos aportados" por el Ministerio aunque sigue manteniendo discrepancias de interpretación en la reprogramación realizada del programa de desarrollo rural 2007-2013.

    Jaime Haddad ha sostenido que la Junta interpreta que el techo de gasto para esos fondos, fijado en 45 millones por el Ministerio para 2013 y que es la cuantía que deben aportar las administraciones regional y nacional, no debería aplicarse hasta el 2014, con lo que para este ejercicio reclama un techo de gasto de 67 millones.

     De esa diferencia de interpretación del techo de gasto, y de lo que el Ministerio aporta por el SEIASA, la sociedad de regadíos, surge la discrepancia sobre lo que el Ministerio debe aportar a Castilla y León en 2013, y esos 26 millones que la Junta pide que se transfieran a la Comunidad, tres más de los que restaría por desembolsar según el Gobierno central, y cuyo pago intentará agilizar.

     "El Ministerio ha hecho muy pocas declaraciones y no ha entrado en ningún momento en una guerra mediática, y no entendemos ciertas aseveraciones que no se corresponden con la realidad", como que no han pagado o que sean "malos pagadores", ha argumentado el subsecretario de Estado.