La documentación fija los diferentes estándares de inversión sobre los que se aplicará la rentabilidad razonable, un mecanismo con el que Industria espera ahorrar 1.750 millones de euros este año.
Según ADAP la nueva normativa reduce la retribución del sector en más del 40 % "con carácter retroactivo", ya que se aplica desde julio de 2013 pese a no haberse aprobado, lo que sitúa "en quiebra a estas instalaciones".
Además, considera discriminatorias estas medidas, ya que equiparan las plantas de tratamiento de purines con la cogeneración convencional, "sin tener en cuenta los costes de inversión y operación para el desimpacto ambiental que realizan".
ADAP ha defendido que la desaparición de estas plantas "dejaría sin alternativas al sector porcino español, afectando directamente a su competitividad", al tiempo que se dejarían de tratar 2,5 millones de toneladas de purines.