En Venta del Moro, las zonas más afectadas han sido la aldea de Jaraguas y Casa Segura, mientras que en Requena han sufrido los mayores daños las aldeas de Roma y Campo Arcís, ha informado COAG.

    En el resto de zonas, los daños, según AVA, han sido localizados y desiguales, como ha ocurrido en la zona de Los Ruices, Los Marcos y Los Corrales.

    COAG ha cifrado los daños entre el 30 y el cien por cien de los cultivos, y 500 hectáreas están afectadas prácticamente en su totalidad.

    La producción de la variedad Bobal sufrirá una merma de casi la mitad de la cosecha de una producción normal, lo que provocará, según La Unió, un "grave" perjuicio económico "justo ahora cuando se recuperaban los precios de la uva tras muchos años de cotizaciones ruinosas", según La Unió.

    Las comarcas de Los Serranos y el Rincón de Ademuz, con unas 1.500 hectáreas afectadas a falta de ver la evolución posterior, tendrá unas pérdidas de medio millón de euros, mientras que en Utiel-Requena los cálculos ascienden a 2 millones.

    Los cultivos más dañados por los efectos del pedrisco son la uva de vinificación y el almendro y el cereal, y el temor, según AVA, es que se produzca una merma importante de cara a la próxima cosecha.

Llueve sobre mojado y piden una rebaja de la prima del seguro


    Para La Unió, "llueve sobre mojado" fundamentalmente en la comarca de Utiel-Requena que está padeciendo una primavera y un verano "complicado".

    Esta organización ha reiterado la necesidad de que las dos Administraciones competentes (Gobierno central y Generalitat) establezcan ayudas directas excepcionales y cofinanciadas para compensar los daños.

    Además, ha reclamado un descenso de las primas de los seguros agrarios, exenciones fiscales y una bonificación del 50 % de la cuota de la Seguridad Social a los agricultores afectados por el pedrisco, así como una exención del pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las cooperativas afectadas.

    En relación a los Ayuntamientos, La Unió pide que condonen el IBI de las parcelas afectadas, que luego "debe compensar" la Administración General del Estado.

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