El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha valorado como “una medida positiva, que estaban esperando los ganaderos de las provincias de Ciudad Real y Albacete”, el levantamiento de las restricciones a los movimientos del ganado por la lengua azul ordenado por el Ministerio de Agricultura.

Así lo ha manifestado el consejero a preguntas de los periodistas sobre el asunto, tras la reunión que mantuvo el lunes 19 por la tarde en Toledo con los representantes de la Comunidad de Regantes de Mora y Mascaraque (Toledo) para conocer el proyecto de transformación en regadío.

“Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para erradicar esta enfermedad en Castilla-La Mancha y en el conjunto del Estado”


Martínez Arroyo ha considera positivo el levantamiento de estas restricciones al movimiento del ganado, que afecta a los ganaderos de las citadas provincias.

LENGUA AZUL 2Pero, a renglón seguido, ha indicado que “lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para erradicar esta enfermedad en Castilla-La Mancha y en el conjunto del Estado”, para lo que habrá que seguir acometiendo políticas sanitarias a nivel estatal, “ya que las enfermedades animales no entienden de fronteras regionales”, ha aseverado.

Ha explicado también el titular regional de Agricultura que ésta es una medida habitual con la llegada de la época invernal, “cuando la enfermedad de la lengua azul deja de ser relevante, pero “habrá que seguir trabajando -ha reiterado- para que la incidencia sea cada vez menor”, porque cuando llegue la primavera “volveremos a tener el problema de la lengua azul”.

Por otro lado, Martínez Arroyo ha confirmado que el Consejo de Gobierno de este martes aprobará el Plan Regional de Residuos al que el Ejecutivo regional se comprometió para esta legislatura y que va a permitir eliminar o reducir los problemas medioambientales que puedan surgir.

En este sentido el consejero ha resaltado que, en dicho plan, se hace una apuesta fundamental para que las empresas que se quieran dedicar a la gestión de residuos tengan que poner por delante un aval financiero “que nos permita garantizar a todos que, en caso de problemas medioambientales, van a ser las empresas y no los ciudadanos los que van a tener que hacer frente a los costes de los problemas medioambientales”.

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