Cuando hablamos del sector agrario estamos hablando de la base de la alimentación. Cuando hablamos del sector agroalimentario estamos hablando del principal sector estratégico de la economía. Cualquier país que pretenda mantener un digno nivel de desarrollo y que sea sostenible en el tiempo, necesita mantener un sector agrario y agroalimentario fuerte, que le permita no caer en dependencia de la volatilidad e inestabilidad de los mercados externos, evitando las gravísimas consecuencias de las crisis alimentarias. Garantizar a la población la seguridad y el control sobre la alimentación es cada vez una mayor exigencia ciudadana.
El valor que aportan a la economía los tres pilares básicos de la Cadena Alimentaria (agricultura, industria y distribución) está muy equilibrado, en torno a un tercio cada sector, sin considerar a estos efectos los bienes públicos que a mayores aporta el sector agrario, en cuanto a sostenibilidad territorial y medioambiental. Sin embargo, la relación entre dichos eslabones está totalmente desequilibrada, con evidentes posiciones de dominio, desigualdades y abusos en el poder de negociación, prácticas abusivas, etc. que producen graves distorsiones en el mercado, comprometen las rentas y el futuro del eslabón más débil, el sector agrario, y no garantizan la debida transparencia a los consumidores.
Esto es lo que debe revertirse mediante los instrumentos que ofrece la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que entró vigor el 3 de Enero del pasado año, y que desde COAG hemos venido reivindicando desde décadas para poner coto a los abusos crecientes de la industria y más recientemente de las grandes cadenas de la distribución alimentaria, que dominan férreamente toda la cadena de valor.
Aunque ya ha transcurrido un año desde su entrada en vigor, entendemos que el 2014 ha sido de puesta en marcha, desarrollo normativo y despliegue de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), en su primera labor de inspección y tramitación de expedientes sancionadores. Sin embargo, el año 2015 debe ser clave para la aplicación efectiva de la Ley frente a la posición de dominio y las prácticas abusivas de la industria y la distribución contra los intereses y derechos de los agricultores y de los consumidores. La Ley será efectiva si hay voluntad de hacerla efectiva, frente a las presiones de quienes han disfrutado de una posición privilegiada, que preferirían dejarla en papel mojado. En el 2015 veremos si da la talla o se queda corta. Desde nuestra organización vamos a exigir la plena aplicación de esta Ley como una cuestión estratégica para el año que ahora comienza.
Esta Ley es una buena herramienta para conseguir una mayor transparencia y seguridad jurídica en la cadena agroalimentaria. Así lo hemos destacado desde su aprobación. Sin embargo, nuestras propuestas iban más allá de lo aprobado. La Ley ha quedado menguada al dejar fuera de su regulación la venta a pérdidas y la utilización de alimentos básicos como productos reclamo. Son prácticas abusivas que merecerían una regulación más rigurosa, con un severo régimen sancionador, dados sus efectos perniciosos por la banalización de los alimentos básicos para los consumidores y el hundimiento de los precios en origen para los productores agrarios. Y por otra parte, aunque parezca contradictorio con estas prácticas señaladas, se pueden perpetuar los márgenes comerciales abusivos de quienes mantienen una posición de dominio a costa de unos precios al agricultor a veces por debajo de los costes de producción. Por eso, la mayor preocupación de agricultores y ganaderos, el precio, ni se garantiza ni se soluciona.
En todo caso, si la Ley de medidas para la mejora de la cadena alimentaria se aplica con rigor se podrán evitar muchos abusos cometidos actualmente, poniendo en manos del sector productor unos instrumentos que pueden ayudar a equilibrar las relaciones entre los distintos operadores del mercado y en consecuencia mejorar las condiciones de los contratos y de los precios agrarios. Es este objetivo en el que nos debemos empeñar ahora.
En este sentido debemos insistir en la exigencia de contratos de compraventa entre productores y compradores, obligatorios conforme a esta Ley desde enero de 2014, con todas las garantías de transparencia y seguridad jurídica, que incluyan precios remunerativos y plazos de pago. No podemos aceptar que lo que ocurre en la actualidad en el sector lácteo: a pesar de ser obligatoria la formalización de contratos desde octubre de 2012, la posición de dominio de la industria láctea se mantiene intacta frente al ganadero, por lo que ésta ni respeta condiciones básicas de dichos contratos, ni el contrato por sí mismo está garantizando un precio estable y remunerativo frente a los costes de producción.
Deben igualmente erradicarse la actuales prácticas abusivas y generalizadas de entregas a resultas, que obligan al agricultor a financiar no sólo su propia campaña de producción, sino también buena parte de la campaña de la industria transformadora o de otro comprador o comercializador. Eso acarrea mayores costes para el productor y mayores beneficios para el comprador. La obligación de pagar al productor a los 30 días de la entrega, en caso de productos perecederos y a los 60 para el resto, debe cumplirse a rajatabla y debe ser uno de los aspectos más vigilados, expedientados y en caso de incumplimiento sancionados.
Ya empiezan las presiones de los industriales ventajistas que quieren seguir abusando a su antojo. Un ejemplo lo tenemos en quienes han hecho lo imposible para que el Ministerio de Agricultura no considerara la uva como producto perecedero y no se contabilice el periodo de pago desde la entrega en bodega. Ya es hora de que el sector agrario sea respetado y ocupe una posición equilibrada en la cadena alimentaria.
En cuanto a la estructura operativa de la Ley, consideramos un acierto la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como organismo para el seguimiento de la aplicación de la ley pero también como instrumento para su difusión y puesta en marcha. Reconocemos los esfuerzos que está realizando la AICA, tanto desde el punto de vista de la formación e información, como a través de las inspecciones de oficio que se han ido generalizando en los últimos meses de 2014. COAG está colaborando abiertamente con la Agencia para elevar el grado de implantación de la ley, para evitar que tengan lugar las prácticas prohibidas y aumentar el grado de contratación obligatoria. En este sentido, estaremos vigilantes y trasladaremos aquellas actuaciones contrarias a la ley para que la AICA, en el ámbito de sus competencias, actúe con diligencia y con rigor. Sin duda, en este contexto, nuestra organización se convierte en un instrumento muy valioso para cada agricultor o ganadero que se vea perjudicado en sus derechos frente a los compradores. La organización será un vehículo de denuncia ante la Agencia, evitando así el riesgo individual a las posibles represalias.
En todo caso es imprescindible para ganar en operatividad que la Agencia, dependiente del Ministerio de Agricultura, colabore y se coordine con los organismos competentes de las Comunidades Autónomas, que pueden resultar bastante eficaces si se les dota de recursos y de mayor capacidad ejecutiva y vinculante en sus resoluciones. Es obligado un alto grado de compromiso institucional y político, para que estos instrumentos legales sean eficaces y las normas regulatorias no queden en papel mojado.
Conviene finalmente seguir insistiendo en que la creciente demanda de alimentos y los riesgos de crisis alimentarias hacen del sector agrario y agroalimentario un sector vital para nuestra estabilidad económica y social. La alimentación de nuestro país y de los europeos no puede depender de las importaciones, de mercados peligrosamente volátiles en lo mercantil y en lo político. Debemos defender nuestra estructura alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Ante las políticas orientadas a una desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario; la cadena agroalimentaria. Los distintos eslabones nos necesitamos ante el riesgo de las deslocalizaciones. El reto es que la cadena en su conjunto sea rentable y sostenible. Para ello es imprescindible acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores. Empezando por unos precios rentables para los productores y garantizando la calidad y seguridad alimentarias y precios asequibles para los consumidores. Vamos a luchar, con toda nuestra fuerza sindical, para alcanzar estos objetivos.