EFE.- En la citada norma, se reconoce el "papel protagonista" en su gestión territorial y medioambiental, otorgando a la Administración una responsabilidad implícita, en cuanto que la acción política sobre dicho espacio y dicha actividad debe ser desarrollada conforme a criterios de sostenibilidad.
Entre otros objetivos, la ley pretende articular instrumentos de defensa del sector frente a criterios meramente productivistas y ajenos al papel multifuncional desarrollado por el espacio agrario.
En especial, se trata de proteger el suelo agrario mediante la regulación de métodos de producción acordes con su sostenibilidad, y mediante mecanismos para su preservación, debido a que es objeto de influencias e intervenciones urbanísticas que "merman progresivamente su papel de principal medio de producción de la actividad agraria y de elemento estructurador del espacio rural".
Además, la ley pretende fijar las principales directrices de promoción económica sectorial, imbricándolas en el marco supranacional de la Política Agrícola Común (PAC).
La exposición de motivos de la norma resalta también su perspectiva de actuación sobre un medio vivo y en el que no todas sus funciones son recompensadas por el mercado.
Subraya también que parte de la base de que la sociedad vasca debe entender que el sector agrario y alimentario, a pesar de avanzar por una senda competitiva, siempre va a precisar de un necesario y justo nivel de apoyo que compense sus déficit estructurales y de adaptación, así como el propio mantenimiento de su actividad si quiere seguir conservando un espacio rural vivo que tantos beneficios le reporta.