Los agricultores que han tenido que aplicar medidas fitosanitarias obligatorias para la lucha y prevención del denominado mal seco de los cítricos, aparecido en algunas explotaciones de la provincia de Málaga desde julio de 2015, serán indemnizados por la Junta de Andalucía.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes 23 de enero una orden que establece las compensaciones por los perjuicios y las acciones decretadas para la erradicación del foco de esta enfermedad -conocida como Petri- en los campos malagueños, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.
Las ayudas son de un máximo de 2.500 euros por hectárea y de 50 euros por árbol
El hongo, cuyo nombre técnico es «Plenodomus tracheiphilus», tiene origen en una patología fúngica vascular del cultivo y genera importantes pérdidas económicas en explotaciones de cítricos que han sufrido su embestida, en especial al cultivo del limón.
Su detección en algunos municipios malagueños en julio de 2015 motivó la puesta en marcha del protocolo marcado para su control, la eliminación del patógeno y evitar que se propagara por el resto la comunidad autónoma.
Las ayudas pueden solicitarse durante un periodo de un año a contar desde la fecha de ejecución de las medidas fitosanitarias, y se elevarán 
a un máximo de 2.500 euros por hectárea en el caso de gastos derivados de arranque y destrucción de material vegetal, y de 50 euros por árbol si son plantaciones comerciales u ornamentales.
En cuanto al material vegetal de cítricos localizado en viveros, se pagará una indemnización de 1,5 euros por planta, dinero que incluirá el valor comercial y los gastos derivados de su destrucción.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez, ha expuesto que cuentan «con instrumentos no sólo para combatir las distintas enfermedades que puedan atacar a los cultivos, sino también para compensar los gastos que causen las labores de prevención, control y erradicación de las mismas».
Las indemnizaciones se financiarán con cargo a los créditos aportados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (50 por ciento) y con recursos propios de la administración autonómica (el restante 50 por ciento).