Los agricultores piden la nulidad del cierre cautelar de los pozos del entorno Doñana

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      Entiende que falta la apariencia de delito, pues "no se comprobado que la extracción se haga sin autorización y que esta tenga una afectación grave al medio ambiente".

      Con respecto a la ausencia de autorización, se ha remontado a 1971, cuando los pozos estaban ya inscritos, y ha hecho un recorrido hasta la actualidad, momento en que, teniendo en cuenta cambios normativos y legislativos y después de la aprobación en diciembre de 2014 del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal, la inscripción está pendiente de un informe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

     "Tenemos autorización, lo que faltaría es la inscripción y en estos momentos está subjudice", ha dicho el letrado quien ha insistido en que "no son pozos clandestinos" porque pagan un canon por ello.

     Con respecto al supuesto peligro para el medio ambiente ha hecho alusión a varios informes de las distintas administraciones, como la CHG o al Junta, en la que se pone de manifiesto que "la masa de agua subterránea en su estado cuantitativo es de buen estado" y que estas extracciones "no suponen una afección a Doñana".

     Por último, ha insistido en la desproporcionalidad de la medida pues el cierre de pozos supondría "poner en riesgo fuertes inversiones, el deterioro de la cosecha, llevar a la calle a 600 personas y la pérdida de riqueza para la comarca".