Al compatibilizar la obligada conservación del lobo como especie con los intereses de los ganaderos, ha mencionado la puesta en marcha de dos fórmulas administrativas: la distribución de perros mastines leoneses con carácter disuasorio y las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial universal que anualmente cuesta a las arcas autonómicas más de medio millón de euros.
El consejero se ha hecho eco del "complejo régimen jurídico" del lobo establecido por la UE y que en el caso de Castilla y León lo considera una especie cinegética al norte del río Duero y protegida al sur de esta líneas fluvial.
"Pero el lobo no entiende de ríos, ni de fronteras y límites. Va y viene y vuelve a venir", ha consignado respecto a esa complejidad.