Los ayuntamientos contratarán a parados para organizar la campaña agraria

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EFE.- El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha indicado hoy en rueda de prensa que se trata de un acuerdo de colaboración social que el año pasado ya se probó en la demarcación de Lleida y que este año se extenderá a todo el territorio catalán.

   Ha subrayado que esta colaboración permitirá mejorar la atención a los temporeros recién llegados de otros países, tanto en cuestiones laborales como en aspectos de acogida y alojamiento para aquellos cuyo desplazamiento supere los 70 kilómetros.

   Mientras desempeña este trabajo temporal, el colaborador social sigue recibiendo su subsidio o prestación por desempleo, al que se le suma un "extra", de tal modo que el importe final resulte un importe superior al salario mínimo interprofesional, situado en los 645,30 euros al mes.

   Puig ha destacado que, con este programa, se busca compensar el recorte del 57 % en los fondos destinados a políticas activas de ocupación que el Estado dedica a España.

   Los ayuntamientos adscritos a las diferentes diputaciones serán los encargados de trasladar las necesidades de las explotaciones de la zona para que el SOC les ayude a colocar a los colabores sociales necesarios.

   En su primera edición en las comarcas leridanas, 60 desempleados se beneficiaron de la iniciativa, para la que se previó una dotación de 70.000 euros, de los que sólo se acabaron gastando 45.000.

   Para este año, las diputaciones aún no han fijado qué partidas se destinarán a este programa, si bien en Tarragona existe una primera estimación que lo fija en 40.000 euros.

   El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha defendido que este programa, además de mejorar la gestión y la organización de la campaña agraria, también evita conflictos entre los temporeros procedentes de diferentes culturas, así como las aglomeraciones en las plazas de aquellos que vienen a trabajar sin una oferta de empleo previa.

   Además de las cuatro diputaciones catalanas y la Generalitat, el acuerdo lo han suscrito las entidades agrarias Unió de Pagesos, Jovenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (Jarc), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Asociación de Empresarios Agrarios de Lleida (Aeal) y la Asociación de Catalana de empresas de frutas y hortalizas (Afrucat), así como los sindicatos UGT y CCOO.