Por ejemplo, el PSOE ha propuesto que el término "consulta" sea sustituido por "procedimiento electoral con máximas garantías", similares a las de las elecciones sindicales, y ha planteado que el Consejo Agrario sea reemplazado por un Comité Asesor Agrario, con mayor capacidad de interlocución ante la Administración.
El grupo socialista ha presentado otras enmiendas con el fin de clarificar más las incompatibilidades para pertenecer a dicho comité; por otro lado, ha pedido un consejo agroalimentario en el que estén presentes los sindicatos, en nombre de trabajadores por cuenta ajena.
El PP acepta más mesas, pero con un límite de 1.400 electores
Por su parte, el PP ha propuesto "mejoras técnicas" en aspectos como el voto por correo, el censo y, en cuanto a las mesas, ha planteado que haya "tantas comarcales" como necesarias, pero con un límite de 1.400 electores.
En otras enmiendas, los populares sugieren multas para los infractores en esta consulta, de hasta 6.000 euros en el caso de los funcionarios, y de 3.000 euros para los particulares.
El portavoz de Agricultura de CiU en el Congreso, Marc Solsona, ha declarado a Efeagro que este partido pretende "un proceso electoral regule desde el voto por correo, los tiempos o las sanciones"- y que no se duplique con otras consultas autonómicas como las producidas en Cataluña y Castilla y León a cámaras agrarias.
En el caso de que se celebrasen de forma simultánea elecciones a cámaras y al Consejo, CiU aboga por utilizar los mismos censos en ambas o, al menos, aquel que facilite y fomente más la participación, que ha de situarse en un 3% por demarcación para no excluir a minorías.
Izquierda Plural ha solicitado que el censo sólo se circunscriba a profesionales agrarios que por su actividad están afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia y a las personas jurídicas dedicadas al campo.
Plantean límites a las subvenciones para los gastos electorales
También ha planteado límites en las subvenciones para gastos relacionados con la consulta y un mayor grado de interlocución con la Administración General del Estado.
Por su parte, UpyD ha abogado por modificar el censo, para elevar los requisitos de las personas incluidas, a la hora de determinar qué porcentaje de su renta dependiente del campo y de las ayudas agrícolas.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha propuesto sanciones por infracciones electorales por un importe que podría alcanzar los 30.000 euros, ha solicitado más mesas electorales, así como límites en los gastos de las candidaturas.
El BNG ha reclamado cambios a la hora de definir coaliciones agrarias, de forma que dentro de esta clase de uniones al menos una tenga carácter estatal; también ha pedido más exigencias para clasificar al agricultor a título principal y un impulso a la participación de las mujeres rurales.
Un portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha reafirmado su "rechazo a esta la ley", que ya enmendó en su totalidad, "y que no se va a arreglar de ninguna forma con enmiendas parciales".