Esta primera toma de contacto ha servido para intercambiar opiniones y para no hablar a través de terceras personas, según Rodríguez Corrales.
El presidente de la cooperativa de Miajadas no ha profundizado en los temas que separan a ambas partes y sólo ha comentado que ha habido diferencias de criterio en algunas actuaciones y falta de confianza recíproca. El próximo viernes, 20 de diciembre, está prevista una nueva reunión.
La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Extremadura denegó este lunes la solicitud de inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del nuevo Consejo Rector de la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (Acorex) al carecer de legitimidad por no cumplir los requisitos legales.
De este modo, rechazó el nombramiento del nuevo Consejo Rector de Acorex presidido por Rodríguez Corrales y declaró ilegítima la Asamblea celebrada el pasado 5 de diciembre.
En ella se destituyó a José Gregorio Traver como presidente, que, después de la decisión del Gobierno regional, ha vuelto a ocupar oficialmente el cargo.
Advertencia de la Junta extremeña
Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Monago, advierte que si el grupo cooperativo Acorex "se aleja del interés general", el Gobierno regional dispone "de recursos e instrumentos jurídicos y financieros para actuar en consecuencia".
Monago se pronuncia así en el Pleno del Parlamento extremeño en respuesta a una pregunta de IU sobre qué medidas piensa desarrollar su gobierno para impulsar la integración cooperativa y tras anunciar que el Ejecutivo regional presentará en las próximas semanas su Plan de Integración Cooperativa.
En el transcurso del debate, el portavoz de la coalición, Pedro Escobar, acusa tanto al PP como al PSOE de tratar de interferir en la marcha del sector cooperativo extremeño en relación, sin citarlo, a la crisis que se vive en la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (Acorex) por la renovación de su consejo rector.
Tras pedir un "respeto escrupuloso" a la legalidad, Escobar critica que los dos partidos mayoritarios traten de intervenir en los mecanismos de poder de las cooperativas y de llevar allí el "campo de batalla", lo que, a su juicio, supone "poner una bomba de relojería debajo de las estructuras" de estas entidades.