Según señala en un comunicado, los informes jurídicos que maneja Feragua y que ya puso a disposición de los grupos parlamentarios andaluces hace año y medio señalan que la delegación de competencias del Guadalquivir es claramente inconstitucional. Y subrayan en esta dirección que, ya en la sentencia sobre el Duero, también de marzo de 2011, el propio Tribunal Constitucional dejó clara la “imposibilidad” de que la Comunidad de Castilla y León pudiera asumir las competencias de esta Cuenca “por cualquier vía”, incluida la del artículo 150.2, que ahora invocan la mayoría de fuerzas políticas andaluzas.
La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha subrayado que, "de seguir adelante por este camino, el Parlamento español estaría actuando en dirección contraria no sólo de la doctrina del Constitucional, sino de las leyes comunitarias europeas, que consagran, en política de aguas, el principio de unidad de cuenca frente a otro tipo de fronteras administrativas".
Asimismo, ha advertido además que seguir avanzando por esta vía "sólo va a conducir a la judicialización de la gestión de la Cuenca y a devolverla a la situación de desconcierto, caos y desgobierno que sufrieron los usuarios de la Cuenca, y sus propios profesionales, hace demasiado poco tiempo”.
De igual forma, ha recordado que la experiencia de gestión del Guadalquivir por parte de la administración andaluza fue “catastrófica”, “con inversiones paralizadas, conflictos territoriales entre provincias, politización de la gestión y gastos desorbitados”. Ha calificado, por todo ello, esta iniciativa como una pérdida de tiempo y de dinero, y ha señalado que le parece lamentable que “los políticos andaluces se dediquen a estas cosas mientras el paro y la crisis desangran nuestra economía”.