Fenacore considera que deben ser las demarcaciones hidrográficas "las únicas que se hagan cargo de la gestión de las obras de regulación", mientras que las comunidades de regantes "deben hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos, evitando así duplicidades competenciales".
En su opinión, hay muchos casos en los que estas empresas públicas se escudan en la explotación de las obras en las que han intervenido para actuar ahora como "compañías de servicios y gestión de estas infraestructuras hidráulicas", financiándose a través de un incremento de los cánones que deben soportar los propios usuarios.
Como ejemplo, ha afirmado que si los embalses de Breña y Arenoso fueran gestionados, "como correspondería", por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lugar de por la empresa Acusur/Acuaes "se evitaría a los regantes un sobrecoste anual de alrededor de 1,5 millones de euros".
Según Andrés del Campo, teniendo en cuenta la reducción de costes y la eficacia, "habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o financiar nuevas infraestructuras hidráulicas".
La Federación ha expresado, además, su preocupación por el "mal ejemplo" portugués, que plantea traspasar la gestión de regantes y otros usuarios que se abastecen de la mayor presa de Europa, Alqueva, a una empresa pública, que a su juicio encarecerá los costes de explotación de los agricultores y "desautorizará a las comunidades de regantes".