Según señalan en un comunicado, “de haber mediado la presencia de un veterinario en esta novillada, se hubiera garantizado un control absoluto sobre el origen y destino (la trazabilidad) de los novillos. Una vez se les hubiera dado muerte a los animales, el veterinario hubiera acreditado que éstos estaban en condiciones para ser consumidos (entre otras cosas, que no habían sido tratados con productos prohibidos para el destino alimentario), hubiera expedido la documentación necesaria para garantizar que el transporte cumple las normativas (por ejemplo, en cuanto al tratamiento de los materiales MER) y se hubiera asegurado que los novillos eran despiezados en un matadero habilitado que con las necesarias condiciones higiénico-sanitarias”, explica el presidente del CVCV, Francisco Beltrán Andreu.
Asimismo, lamenta que en el caso citado, nada de esto ocurrió. “La seguridad alimentaria –insiste- no puede depender de una actuación, eficaz eso sí, de la Guardia Civil. Todos los implicados, empezando por la Administración autonómica y continuando por el sector taurino- deberían ya estar concienciados”.
Consciente de esta situación. el CVCV ya alertó públicamente en mayo de este año sobre la amenaza que supone para la seguridad alimentaria la entrada sin control en la cadena de los alrededor de 2.000 toros cerriles que cada campaña de ‘bous al carrer’ se sacrifican para celebrar los no menos tradicionales ‘tombets de bou’. El órgano colegial trató de contestar así a las críticas que la Asociación de Defensa de la Tradición de los Toros en la Calle realizó entonces contra la actuación de la Consellería de Agricultura que, en el uso de sus competencias exclusivas, estaba tratando de impedir tal cosa impulsando la preceptiva supervisión en cada festejo a cargo de un veterinario. Lamentablemente, desde entonces, la Consellería de Agricultura ha relajado sus exigencias a este respecto.
Exigen que se tomen las medidas necesarias
Por todo ello, el CVCV hace un llamamiento a los tres departamentos implicados (las consellerías de Agricultura, Sanidad y Gobernación) -especialmente a esta última dado que es la que otorga la autorización administrativa para los festejos taurinos populares- para que tomen las medidas necesarias para asegurar el control de los movimientos de los animales de lidia así como de sus productos a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Objetivo para el que, en palabras de su presidente, “resulta imprescindible la exigencia legal de la presencia de un veterinario en cualquiera de estos actos, haya o no sacrificio de los animales en el mismo”, porque sólo así –continúa Beltrán- “se garantizaría, además, el cumplimiento de las normativas en materia de bienestar, salud y sanidad de los animales”. Así se exige, de hecho, en las legislaciones autonómi-cas análogas promulgadas en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra, esto es, en todas las regiones con tradición en festejos taurinos callejeros.