Luz y taquígrafos para el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión

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       El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP), es un tratado que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Europea para, en teoría, “aumentar el comercio y la inversio´n entre la UE y los EE.UU. haciendo realidad el potencial sin explotar de un aute´ntico mercado transatla´ntico que genere nuevas oportunidades econo´micas de creacio´n de empleo y crecimiento mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria y marcando una pauta en materia de normas mundiales”.

      Así leído suena muy bonito, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, si es tan positivo que va a generar nuevas oportunidades económicas, creación de empleo y mejoras en el mercado, ¿por qué la negociación se está llevando prácticamente en secreto? ¿Qué nos están intentando ocultar?

     Hagamos un poco de historia para intentar aclararlo.

     El inicio de las negociaciones del TTIP se produce el 13 de febrero de 2013, los presidentes de los EEUU, el Consejo europeo y la Comisión europea, Obama, Van Rompuy y Barroso anuncian que se inician las negociaciones para alcanzar el acuerdo. La negociación se produce con bastante opacidad entre la Unión Europea -a  través de la Comisión europea- y los EE.UU. La Comisión europea tiene un mandato negociador que contiene información reservada que pese a estar publicado no deja de plantear dudas y problemas.

     Los trámites para su entrada en vigor serían los siguientes: Una vez concluidas las negociaciones por las delegaciones de ambas partes; en el ámbito europeo la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población). Tras este visto bueno, se someterá a aprobación en el Parlamento europeo y, posteriormente se ratificará por los Parlamentos nacionales. Hemos de tener presente que las votaciones son sobre la totalidad del proyecto, y que, por tanto, no cabrían enmiendas de los Estados.

     Además, pese a su trascendencia, ya que puede llegar a acarrear una pérdida de soberanía de los países, no existen previsiones de que se someta a referéndum ciudadano ni en España ni en la Unión Europea.

     Para el Estado este Tratado comporta dos riesgos esenciales: por un lado el de la difuminación absoluta en el marco del TTIP y la posible imposibilidad de aplicar políticas distintas a los enunciados del mismo. Las características de un tratado como éste, dependiente además de la Unión Europea, harían imposible su modificación en el caso de que nuevas mayorías pidieran su modificación.

     En segundo lugar, la privatización de la justicia, al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados.

    Con la aplicación de un sistema de arbitraje internacional para resolver futuros conflictos de intereses entre inversores y Estados (ISDS), se pondría al mismo nivel a empresas y gobiernos, sometiendo las discrepancias entre ambos a tribunales de arbitraje independientes de los tribunales de los Estados, limitando así el poder de legislar.

     Precisamente el ISDS es uno de los principales motivos de discrepancia entre las partes y son ya varios los gobiernos y partidos políticos que han expresado su disconformidad con el mismo. Sin ir más lejos, recientemente, el secretario de Estado de Comercio de Francia, Matthias Fekl, anunció que renunciará a firmar el tratado en 2015 señalando directamente al ISDS.

      En cuanto a los riesgos a los que se enfrentan los ciudadanos europeos con la aplicación de este Tratado se apunta sobre todo a la pérdida de derechos laborales, la limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores, la privatización de servicios públicos y una posible rebaja salarial.

     En la parte que nos toca más de cerca, es difícil valorar respecto al medio rural y el sector agroalimentario el acuerdo, aunque nos tememos que puede ser bastante perjudicial,  La armonización normativa en este capítulo generaría la entrada en la UE de alimentos modificados genéticamente (OGM) y carne hormonada, debido a la normativa menos estricta en EE.UU., respecto a este tema. Además, la reducción o eliminación de los aranceles llevará a los agricultores europeos a una competencia injusta y desequilibrada por parte de las grandes corporaciones agroindustriales americanas.

     En definitiva, la aprobación del TTIP, supondría un cambio radical en las relaciones comerciales a nivel mundial, lo que influiría directamente en los Gobiernos y los ciudadanos de los países afectados. El sistema económico está en juego y por tanto no se puede permitir que las decisiones se tomen a espaldas de las organizaciones, gobiernos y parlamentos.

     Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la comercialización entre países, pero no a cualquier precio, sino con un comercio equitativo y justo. La mejor manera de combatir la demagogia es la transparencia en las negociaciones y que se expliquen claramente las ventajas y los inconvenientes que puede reportar este Tratado.

     En este sentido, celebramos la aprobación, por parte de la Comisión Europea, de la publicación de más documentos relacionados con la negociación en curso así como la decisión de dar más acceso sobre la misma al Parlamento Europeo (PE). Esperamos que esta “apertura” sea en beneficio del interés de todos e impulse un debate abierto sobre qué tipo de acuerdo quieren los ciudadanos europeos con EEUU, como así lo ha manifestado el presidente de la Comisión de Comercio del PE, Bernd Lange.