EFE.- El Ministerio, una vez asumidas de nuevo las competencias en esta obra, se hace cargo así de los trabajos que faltan por ejecutar en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Almonte-Rociana y de Bollullos Par del Condado (Huelva), según ha señalado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en un comunicado remitido por el Ministerio.
El objetivo es que en los próximos meses funcionen a pleno rendimiento y tengan la capacidad suficiente para tratar una carga contaminante de 50.000 habitantes equivalentes y un caudal de tratamiento de 8.000 m3 al día.
El Ministerio ha trabajado junto a la Junta de Andalucía para culminar el proceso administrativo que permite hacer la subrogación en los expedientes en marcha, tal y como establece el Real Decreto 1498/2011, por el que se devuelven al Estado las competencias traspasadas a la Junta relativas a la cuenca del Guadalquivir.
Esta coordinación fue ratificada en el encuentro que tuvo lugar el pasado 30 de octubre entre Federico Ramos y el secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, Sergio Moreno.
La estación depuradora de Almonte-Rociana tendrá una capacidad de tratamiento de 5.576,8 m3 de agua al día (30.672 habitantes/equivalentes) mientras que la de Bollullos Par del Condado podrá depurar 2.713,4 m3 de agua al día (26.682 habitantes/equivalentes).
Las obras de estas depuradoras incluyen cuatro actuaciones principales: los colectores agrupadores, el emisario y la propia estación depuradora, con tratamiento biológico con eliminación de nutrientes mediante carrusel aireado por difusores y fangos deshidratados.
En ambas depuradoras, y puesto que vierten a una zona sensible como el entorno del Parque Nacional de Doñana, se eliminan nutrientes.
La reanudación de las obras se produce después de que el pasado mes de octubre la organización WWF denunciara con imágenes los vertidos de aguas residuales sin depurar al Arroyo del Partido, que supone uno de los principales aportes de agua a Doñana.
Una denuncia que se elevó en forma de queja ante la Unión Europea y que se hizo llegar, con el informe correspondiente, al Seprona de la Guardia Civil para su investigación.