Magrama ve ahora que 50 comarcas "simplifica" los trámites legales por parte de los agricultores

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     Fernando Miranda, que ha participado en Madrid en la jornada “Rentabilidad Agraria: algo más que PAC” organizada por Editorial Agrícola, ha resaltado que “el ámbito de la PAC es amplio con medidas que inciden en la mejora de la rentabilidad de los agricultores y un marco de estabilidad para  las explotaciones”.

      Miranda ha entrado en detalle en las medidas de intervención de los mercados, implícitos en la PAC: “No hay que buscar unos mecanismos de regulación de los mercados en el siglo XXI como eran los del siglo XX”, ha destacado.

      “Ahora seguirán proporcionando una red de seguridad, pero las organizaciones de productores van a cobrar protagonismo, siempre que los agricultores y ganaderos las utilicen”, ha señalado.

Ayudas asociadas al mercado


    Desde la perspectiva de Bruselas, el discurso de Tomás García Azcárate, Consejero Económico en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, ha girado en torno a la legitimidad de las ayudas comunitarias hacia el mercado.  “El futuro de la PAC pasa por dotar de dinero público a una agricultura como bien público” y ha puesto el ejemplo de la adaptación de los sectores agrícolas al verdeo o greening si quieren seguir recibiendo ayudas.

      En todo caso, ha defendido que la Comisión persigue la necesidad de simplificar la PAC, pero primero para el agricultor y después para las administraciones. Azcárate ha informado que Bruselas  está intentando redoblar la dotación de fondos para reforzar la investigación agraria en acuerdo con el sector. “El futuro del sector debe pasar por la I+D+i. Desde la investigación y la innovación se consigue dar valor”, ha manifestado para lanzar otro mensaje: “Hay que empezar a trabajar desde ahora para mejorar la PAC post-2020”.

Rentabilidad desde los inputs


     Representantes de empresas y entidades patrocinadoras han desgranado las acciones que están realizando para que los profesionales agrarios puedan hacer sus explotaciones rentables, sin la red “protectora” de las ayudas públicas.

     Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), su director, José María García de Francisco, ha sostenido que “el seguro agrario es la mejor herramienta para gestión del riesgo en España”. Su estructura tiene una parte privada y otra pública con ENESA, cuyo “sistema es válido, y esto lo saben los agricultores, que siguen contratando seguros agrarios, pero la evolución en los últimos años ha demostrado que se han disminuido las pólizas contratadas, tanto en número como en categoría”, ha añadido.

      García de Francisco se ha referido a que esta entidad ha emprendido una política de racionalización del gasto, que “ha llevado a una mayor eficiencia de la gestión de los seguros con menos presupuesto, se ha mantenido la contratación de seguros y se ha ahorrado en subvenciones”.

      Por BBVA, Jorge Rueda, del Segmento Pymes Oferta Valor Agrario, ha mostrado el interés de las entidades bancarias por el negocio agroalimentario, “que ha respondido muy bien a la crisis, lo que ha provocado que los bancos se fijen en un sector con futuro como este, en el que invertir y darle ayudas”, ha explicado.

      Los objetivos de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola coinciden con la de la PAC, según Enrique Fernández-Marcote, Brand Manager de Massey Ferguson, “entre ellos asegurar la rentabilidad de las explotaciones a través del suministro de herramientas eficientes, pero ha indicado también que el pago directo a agricultores jóvenes es un factor importante para el rejuvenecimiento del sector y la renovación del parque de maquinaria agrícola en España”.

La distribución apoya pero le preocupa la ley de la cadena alimentaria


     Con una corta de vida, esta norma pretende equilibrar la oferta y demanda a lo largo de la cadena de valor de los productos agroalimentarios. Ignacio García Magarzo, Director General de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), se ha encargado de aportar la visión de la distribución.

     “La Ley de medidas para la mejora de la cadena agroalimentaria  gira en torno al cumplimiento de los contratos y a su carácter escrito”, ha subrayado, “si esta norma cumple al cien por cien, ayudará a mejorar los precios en origen de los alimentos”, pero no es suficiente. “Solo corrigiendo el funcionamiento de la cadena ayudará a mitigar los desajustes de precios entre eslabones”. La base para que la ley de la cadena funcione, es tomarse en serio la autorregulación y aplicar los códigos de buenas conductas mercantiles. En este sentido, Supply Chain Initiative supone el intento más serio habido hasta  el momento en Europa de identificar malas prácticas comerciales y crear un mecanismo ágil de resolución de conflictos. “La industria y la distribución apostamos por él”, ha enfatizado.

      Según García Magarzo, ASEDAS está de acuerdo con las obligaciones y prohibiciones que recoge dicha ley y que proteja a agricultores y pymes, pero le preocupa el mecanismo de aplicación, que se cifran en costes añadidos.
Para cerrar la Jornada, Ignacio Atance, de la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación (Magrama), ha aclarado que el 15% de los ingresos de los agricultores provienen de las ayudas de la PAC.

      Atance ha descrito que el Magrama dispone de un instrumento para medir la rentabilidad: los Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias, con destino a la contabilidad y como instrumento de gestión de empresas individuales o cooperativas, además del análisis de sistemas de producción y utilización para estudios estadísticos de las comunidades autonómicas, así como herramientas de diagnóstico para actuaciones en materia de financiación y fiscalidad, y la mejora de directrices y planteamientos de la Política Agraria de la Administración General del Estado.