EFE.- En el Consejo Consultivo de Pesca, reunido hoy, las autonomías han expuesto los intereses que vienen defendiendo desde que se conoció que la directiva entrará en vigor en enero de 2015 y que obligará a destinar a incineración las capturas de especies como sardina o boquerón que no alcancen la talla mínima.

Algunas, como Andalucía, ha defendido la posibilidad de que se establezca la misma talla mínima para especies del océano Atlántico y del mar Mediterráneo, según ha apuntado su consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras.

El objetivo, según Víboras, es que «no haya una diferencia, ni deslealtad a la hora de la venta entre lo que se captura en las costas mediterráneas y atlánticas» y la mercancía «que viene de fuera de España».

La nueva Política Pesquera Común busca eliminar el «despilfarro» que supone el descarte (práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, vivas o no) al introducir la obligación del desembarque, lo que favorece «una mayor selectividad y una mayor fiabilidad de los datos sobre las capturas».

Para facilitar la adaptación de los pescadores, la obligación se irá introduciendo paulatinamente, entre 2015 y 2019, en toda la pesca comercial.

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