EFE.- En declaraciones a Efegro, Casas ha precisado que esta figura legislativa supone "una baza más", un reconocimiento de que las personas que trabajan en el territorio además de los productos alimenticios "generan otros valores añadidos que no están ni pagados ni reconocidos".
El artículo 16, apartado 2, de la actual Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural indica "que el contrato territorial es el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural".
Casas ha subrayado que esta medida supone un aspecto "totalmente adicional a la Política Agraria Común (PAC)" y el carácter voluntario de éstos contratos que "por primera vez" reconocen la labor de los gestores del territorio en la conservación de la biodiversidad y el paisaje o la fijación de la población en los pueblos".
En cuanto al calendario de aplicación de esta medida, Casas ha indicado que ya ha concluido el proceso técnico de redacción y de "consenso", que ha sido "global" y que ahora tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros.
Por eso, ha apuntado que el Real Decreto que legisle esta figura puede estar en vigor "en unas semanas".
Un total de 23 organizaciones agrarias, sociales, medioambientales y de desarrollo rural, entre la que se encuentran la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) o los sindicatos CCOO y UGT han mostrado hoy su apoyo a esta propuesta.
Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) pidió la semana pasada al Gobierno que frenara la implantación de esta medida hasta conocer las directrices en este sentido de la Política Agraria Común (PAC), porque en su opinión supondrá "más carga de requisitos ambientales no remunerados.