Más de cien quejas contra la Ley de Costas en el Parlamento Europeo

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EFE.- Angelika Werthmann (austríaca, del Partido Liberal) y Margrete Auken (danesa, de Los Verdes) se han reunido hoy en el Congreso con diputados de cinco grupos parlamentarios de la oposición y, más tarde, con portavoces de las cinco principales organizaciones ecologistas.

Tras los encuentros, las parlamentarias han declarado a Efe que su impresión es que la reforma legislativa, que en breve aprobará el Congreso, no tiene como objetivo proteger el litoral ni proporcionar más seguridad jurídica a los pequeños propietarios sino "abrir la puerta a un nuevo boom de la construcción en la costa".

"La modificación de la Ley de Costas es inaceptable, y creemos que va contra el interés ciudadano", ha subrayado Werthmann, quien ha denunciado que la reforma "se ha llevado a cabo con falta de transparencia y sin la debida participación de la ciudadanía".

En esa línea, la parlamentaria danesa ha criticado que el Gobierno no haya consultado al grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española, a pesar de que menciona uno de sus informes en el preámbulo de la nueva ley.

Posible incumplimiento de 5 directivas europeas

Auken ha asegurado que sospecha que la reforma que promueve el Gobierno pueden incumplir "hasta cinco directivas europeas".

Por este motivo, las europarlamentarias han avanzado que si su aprobación se lleva a cabo sin cambios sustanciales, la Comisión de Peticiones del PE solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y de la autoridades españolas para investigar posibles incumplimientos del derecho comunitario.

Fuentes de las cinco principales ONG ecologistas nacionales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han explicado que sus portavoces en materia de costas han alertado a las parlamentarias de la "inseguridad jurídica y la vulnerabilidad" que, a su juicio, traerá la reforma de la Ley de Costas.

Los ecologistas les han transmitido que la nueva norma legaliza construcciones ilegales y reduce la zona de servidumbre a proteger; que no tiene en cuenta las previsiones de impacto climático en el litoral identificadas por los científicos, y que no ha seguido los convenientes procesos de transparencia con la sociedad civil.